Relaciones Peligrosas (Perfil)

Esta interesante nota sobre la vinculación entre el Poder Judicial de Morón y el poder político de localidades como Merlo salió ayer sábado 28 de Julio de 2012 en Perfil. Entrevista a los conocidos abogados Rosana Mattarollo y Walter Brizzio, ambos defensores incansables de las víctimas de persecución política en zona oeste.

Enlace:  http://www.perfil.com/ediciones/2012/7/edicion_698/contenidos/noticia_0010.html 
Relaciones peligrosas
Por A.G./M.M.


28/07/12 - 09:10

El acercamiento con el poder político es otro de los rasgos que se critican con respecto al Poder Judicial de Morón. En ese sentido, muchos señalan que el cuestionado intendente de Merlo, Raúl Othacehé, tiene un contacto fluido con la Justicia local. Decenas de causas con fundamentos cuestionables son ingresadas en ese Poder Judicial, como es el caso de la abogada Rosana Mattarollo, quien denunció una mafia de remises “truchos” que operaba en ese municipio. Hace cuatro años, luego de sus acusaciones, fue denunciada por amenazar a un empleado del intendente con un arma, a pesar de que ese día estaba internada y a punto de ser operada. Recién consiguió ser sobreseída en los últimos días, luego de haber recusado al fiscal Tavolaro, a cargo de su causa.

“Es una corporación y se cuidan entre ellos porque Othacehé, durante la gestión provincial de (Carlos) Ruckauf, estaba en La Plata y designó a muchos de los fiscales que hoy están. El ex fiscal (Aldo) Acosta Argañaraz, que hoy es juez, era abogado personal del intendente”, ejemplifica la abogada, que también denunció a Nieva Woodgate en la Fiscalía Nº 8 de delitos complejos de La Plata por su connivencia con el poder político de Merlo.

Walter Brizzio, un abogado que militaba en la Coalición Cívica de Hurlingham, coincide con Mattarollo. “Acá pasa lo mismo que en otros municipios como Merlo, se persigue judicialmente a la oposición y siempre me dediqué a defenderlos”, cuenta a este medio. Pero además presentó una denuncia contra Nieva Woodgate por la desaparición de una empleada judicial de Morón durante la última dictadura, cuando el ahora fiscal general ya se desempeñaba allí.

Tiempo después, un vecino, que trabajaba para el municipio que comanda el intendente Luis Acuña, lo denunció por una cuestión de medianería y Brizzio terminó 90 días preso y otro año detenido en su domicilio. A pesar de que la Cámara de Casación le dictó un fallo que lo sobresee, el juez Alberto Meade, el mismo que fue apartado del caso Candela, elevó su causa a juicio oral. “Son una hermandad y se defienden entre ellos. La vinculación con la política es un secreto a voces que pocos se animan a denunciar”, reprocha.