Mostrando entradas con la etiqueta CIDH. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta CIDH. Mostrar todas las entradas

lunes, 30 de abril de 2012

El Merlo de Raúl Othacehé, la cara más áspera del kirchnerismo (Perfil)


Recientemente Perfil publicó en su edición impresa una extensa nota describiendo algunas de las tantas persecuciones políticas que sufrimos los merlenses. Es interesante además porque los periodistas afirman haber intentado comunicarse con Othacehé y sus funcionarios, para tener las dos caras de la situación, pero no obtuvieron respuesta. De este modo los entrevistados han sido Adolfo Pérez Esquivel, la Diputada Victoria Donda, nuestros Concejales Cepeda y Alvez, la abogada Rosana Mattarollo, nuestro compañero Sergio Vásquez y otros vecinos de Merlo. Recomendamos su lectura completa y su difusión!


Enlace: http://www.perfil.com/ediciones/2012/4/edicion_672/contenidos/noticia_0056.html

PODER TERRITORIAL EN EL GBA

El Merlo de Raúl Othacehé, la cara más áspera del kirchnerismo

A 34 kilómetros de la Capital, Merlo es un feudo político de Raúl “el Vasco” Othacehé, que gobierna el municipio con mano de hierro desde 1991. Días atrás, ordenó reprimir a los vecinos que pedían ayuda por el temporal y mandó derrumbar una comisaría que habría sido un centro clandestino de detención durante la dictadura. Desde hace años persigue sin cuartel a los opositores, a quienes se les “arman” causas en la Justicia. Un referente del peronismo histórico que saca a la luz las contradicciones del kirchnerismo. Un hombre a quien Cristina Kirchner llama “querido Vasco”.


Por Agustina Cavalieri / Melisa Altamirano
 
29/04/12 - 06:28


Postales. Cristina y su visita del miércoles a Merlo. Las terribles consecuencias del paso del tornado del 4 de abril: los vecinos protestaron por la demora en la ayuda y fueron reprimidos.


El 6 de abril, vecinos desesperados de Merlo, a 34 kilómetros de Capital, que protestaban por la demora del municipio en asistirlos tras el feroz tornado que dos días antes había destruido sus viviendas, fueron reprimidos violentamente por la policía: balas de goma y, en algunos casos, armas de fuego impidieron los cortes. Días después, una grúa municipal semidestruyó una comisaría en la que se cree que durante la dictadura funcionó un centro clandestino de detención. Ambos episodios reflejan el poder de Raúl “el Vasco” Othacehé, el hombre que representa como pocos el “lado oscuro” del kirchnerismo, una fuerza política que se ufana de no haber reprimido nunca la protesta social y que ha hecho de los derechos humanos una de sus principales banderas, pero que debe gran parte de su fortaleza electoral a caudillos como el Vasco: en su feudo, Cristina obtuvo nada menos que el 67,2 por ciento en las últimas elecciones.

PERFIL recorrió el partido que Othacehé comanda desde 1991. Allí, las secuelas del impetuoso temporal siguen presentes. Y el miedo, también. “Cortamos la ruta 200 el viernes después del temporal porque, hasta ese momento, no había aparecido nadie a ayudarnos y necesitábamos agua. Estuvimos desde las dos de la tarde hasta las doce de la noche, cuando empezaron a reprimir”, dice Carlos, vecino del barrio Ferrari que recibió cuatro impactos de bala de goma en la espalda cuando se acercó a un efectivo para acordar el desalojo de la protesta. Su hijo de 14 años también salió herido. A partir de ese día, asegura, hay gente desconocida que se acerca a su barrio para averiguar de qué trabaja, cómo se compone su familia, qué hace de su vida. “Ayer fui al centro de Merlo a pagar unas cuentas y me siguieron tres tipos todo el tiempo. Ahora, sé que pueden meterme una causa, como le hicieron a un vecino durante estos días, al que le plantaron una escopeta y ahora está en la cárcel. ¿Me van a meter preso por reclamar agua?”, se preguntó este padre de seis hijos, cuyo nombre real fue preservado por expreso pedido suyo. La historia de Carlos es sólo una más. En Merlo se repiten los relatos de persecución política, hostigamiento, armado de causas y difamación pública contra quienes no concuerdan con las políticas oficiales.

Ataques e impunidad. El caso más reciente de la forma en que Othahecé maneja su feudo fue el del concejal por Libres del Sur, Horacio “Lula” Cepeda, a quien se le abrieron varias causas y fue destituido, acusado de “ñoqui”, a pesar de que las pruebas presentadas ante la Justicia demostraban la falsedad de las acusaciones. “A Horacio lo quisieron coimear para que votara proyectos con los que no estábamos de acuerdo. Como no respondió, se le inventó una causa. Fuimos a la Justicia bonaerense y le devolvieron la banca. Por eso, yo creo que Othacehé es un mafioso y tengo una opinión bajísima de él como político”, dice a PERFIL la diputada nacional por el Frente Amplio Progresista, Victoria Donda. Cepeda regresó al HCD. El año pasado lo acusaron de pedir dinero para incluir beneficiarios en los planes sociales. La causa se armó exclusivamente con testimonios de empleados municipales. Terminó encarcelado durante cuatro meses y fue liberado el 13 de octubre de 2011. Ambas investigaciones siguen abiertas y aún no fue absuelto. Muchos apuntan a la complicidad de un sector del Poder Judicial de Morón, con jurisdicción sobre el partido de Merlo, con el oficialismo local.

Rosana Mattarollo es abogada y conoce esas internas desde adentro. Ella misma ha sido blanco de ataques luego de que, a partir de 2004, decidiera denunciar “la mafia” de los remises “truchos” a nivel local. “Todos los remises funcionaban a través de coimas. Al que no pagaba, se le secuestraba el auto”, recuerda. Pero su intervención no fue gratuita y recibió amenazas telefónicas, además de la persecución a sus cuatro hijos. “A fines de ese año me armaron una causa junto a mi marido, Alberto, y nos acusaron de haber amenazado con un arma a un puntero de Othacehé en mi estudio. Pero yo estaba en coma en ese momento, porque el día anterior a la supuesta amenaza había sido operada por una histerectomía.

Nunca pasó nada con la causa, pero sigue abierta por si la necesitan en algún momento”. A pesar de que la investigación prescribió, en la fiscalía Nº 6, a cargo del ahora cuestionado fiscal por la investigación del asesinato de la menor Candela Rodríguez, Marcelo Tavolaro, le dicen que el expediente “se perdió”. “Las causas que ellos inician siempre caen en las fiscalías 5 (dirigida por Miguel Ternosky) y 6. Cuando nosotros denunciamos, nunca hay delito, pero cuando son ellos los que presentan causas, parecemos el “Gordo” Valor. Hay cosas que no podrían pasar si no hubiese complicidades”, reprocha. Cepeda también tiene quejas de las fiscalías: “Hemos llevado  denuncias de que nos pinchan el teléfono y han llegado a decirme que eso no es un delito”. 

Modus operandi. Sergio Vázquez  pertenece al Espacio por la Democracia en Merlo, que incluye a varias agrupaciones opositoras. Relata otro de los métodos de hostigamiento que enfrentan: las campañas de difamación a través de panfletos en los que se acusa a los opositores de distintos delitos y en los que, incluso, se difunden datos personales, como teléfonos y direcciones de sus casas, o se hacen públicas cuestiones privadas, como supuestas infidelidades. Lo curioso es que, siempre, esos volantes se imprimen en doble faz. “Como es muy raro ver ese tipo de impresiones, cuando aparecen, ya sabemos de dónde vienen”, explica Vázquez. Pero también hay violencia explícita: dos jóvenes del espacio sabbatellista Nuevo Encuentro terminaron con heridas en la cabeza en marzo del año pasado, golpeados mientras repartían folletos. Militantes de Grande Merlo, liderado por Gustavo Menéndez, un ex “ahijado político” de Othacehé, también fueron ferozmente agredidos durante la campaña del año pasado. Uno de ellos, Hugo Rodríguez, quedó hospitalizado, y aún sufre las secuelas de esa golpiza y no pudo recuperar su motricidad.

Los opositores denuncian que las “fuerzas de choque” del intendente estarían formadas por barras bravas de los tres clubes de fútbol del distrito, Argentino de Merlo, Deportivo Merlo y Midland. César, vecino del barrio Lago del Bosque, fue parte de la barra de un club local y conoce cómo se manejan: “Othacehé empezó a usar patotas de barras. Son personas con largos prontuarios que andan sueltas por la calle y que son contactadas por los mismos políticos de Merlo, que van a buscarlos con la promesa de un plan o de un puesto en el Municipio”, relató a PERFIL. Algunas de esas “patotas” serían lideradas por Carlos “Turco” Siede, antiguo capo de la barra de Argentino, facción que también integraría Vicente Manuel Díaz. “Caio” Salazar es el mandamás de la hinchada de Deportivo Merlo y “uno de los matones de la tropa del intendente más reconocidos”, le contó a este medio otro “arrepentido”, que pidió mantener su identidad en secreto. Esas mismas “fuerzas de choque” serían empleadas en sesiones del Concejo Deliberante local, donde el oficialismo se aseguró la mayoría automática en octubre de 2011. “Son unas 30 personas que cuando hablamos nosotros, empiezan a gritar, silbar y no te escuchan. Cada vez que queremos que entren compañeros nuestros, nos dicen que no hay lugar”, grafica Patricia Alvez, concejal por Nuevo Encuentro. De hecho, durante la última sesión del HCD, esa fuerza fue blanco de agresiones y debió abandonar el recinto cuando el oficialismo le prohibió a un asesor de la funcionaria que filmara el encuentro. “Esta gente rodeó a nuestro compañero y empezaron los gritos y empujones porque le querían sacar la cámara.

Muchos se identificaron como empleados municipales”, explicó Alvez. Un rato antes, el edil oficialista Esteban Díaz los había acusado a ella y a Cepeda de haber organizado las manifestaciones tras el temporal con el fin de obstruir la ayuda municipal. 

Audiencia pública. El 22 de abril de 2011, Victoria Donda convocó a una audiencia pública en la sede de Cáritas de Merlo, donde se tomaron varias denuncias de hechos violentos a quienes se animaran a hablar. Debido al gran número de testimonios recibidos, el 13 de septiembre, se realizó una sesión especial en el marco de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados nacional en la que participaron varios de los afectados. PERFIL accedió a la versión taquigráfica de esa sesión, que consta de casi cincuenta hojas en las que se relatan más de veinte casos que dan cuenta de la violencia política en Merlo. Uno es el de Carmen Villafañe, una militante social de Pontevedra que, el 10 agosto de 2007, el día de su cumpleaños, sufrió el secuestro de sus hijas, de 12 y 16 años. Las menores aparecieron al mediodía siguiente. “La más grande tenía cortado el cuello y estaba quemada con encendedores en las manos, en el cuello y la cara. La otra nena solamente estaba atada y lastimada en la boquita”, relató. Antes de dejarlas ir, les advirtieron: “Nos pagaron para hacerle pasar un susto a tu mamá, decile que deje de hacer ese trabajo social porque su familia corre peligro”.

Otra figura reconocida en el ámbito de los derechos humanos que visitó Merlo en octubre del año pasado para reclamar justicia por los hechos de violencia fue Adolfo Pérez Esquivel. “Se sabe que el intendente es una persona que se maneja más con patotas que con funciones con las que se debe manejar un intendente. Hubo muchas quejas de los vecinos por la presión por parte de Othacehé, una persona que maneja el Municipio como un feudo”, detalló a PERFIL el presidente del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), uno de los organismos que se encuentra investigando los hechos cometidos en Merlo, junto a la Cámara de Diputados de la Nación.

Todas estas denuncias también fueron presentadas en el Ministerio de Justicia y Seguridad, dentro del Programa Nacional Anti-impunidad, pero los documentos no le fueron facilitados a este medio a pesar de los reiterados pedidos. Poder Ciudadano también tomó cartas en el asunto y le envió una carta al intendente en octubre de 2011, pero la única respuesta que se obtuvo fue la del gobernador bonaerense Daniel Scioli, quien se comprometió a indagar en el caso, aunque los resultados de esas investigaciones todavía no se conocieron.

PERFIL quiso acceder al intendente Othacehé o incluso a algún funcionario de segunda línea para conocer su opinión sobre todas estas denuncias y por eso se comunicó insistentemente con el subsecretario de Prensa local, Ariel Correia, quien se comprometió a gestionar una entrevista, pero sin resultados. 

Justicia y memoria. La semana pasada, el municipio demolió la ex Comisaría 2ª de Libertad, que estaba siendo investigada por el juez Eduardo Rafecas como posible centro clandestino de detención durante la última dictadura. A pesar de que una medida judicial prohibía la intervención sobre el edificio, el municipio derrumbó dos tercios de la construcción alegando que “desconocía la orden judicial”. Nuevo Encuentro logró comunicarse con Rafecas, quien ordenó la intervención de la Policía Federal para resguardar ese espacio.

Cepeda, que denuncia también que hay “equipos de filmación que aparecen en cualquier manifestación política y social”, cree que “no es casualidad que tipos vinculados con los grupos de tareas de la última dictadura hayan tomado funciones de seguridad acá”. Una de esas figuras fue Osvaldo Seisdedos, un ex policía conocido como “el Desnucador” que, en agosto de 2008, fue designado secretario de Seguridad comunal tras haber sido exonerado de la fuerza en 2006. Luego de que su designación se hiciera pública, fue relevado de su cargo. Pero muchos apuntan que seguiría asesorando a las fuerzas de seguridad de Merlo desde las sombras.

Othacehé pareciera contar con una fuerte protección política que lo blinda ante todas las denuncias. “Nosotros lo hemos investigado, pero aquí hay un problema que es el de la Provincia: son aliados políticos y eso lo protege”, considera Pérez Esquivel, quien coincide con Donda en que la única instancia que queda para pedir justicia frente a esta realidad es acudir con un recurso de amparo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Mientras tanto, otros seguirán en la trinchera, concientes de los riesgos que corren. “En Merlo, podés ser muy feliz, pero no se te ocurra criticar al poder”, sintetiza Horacio Cepeda, y sabe de lo que habla.

Cristina y su “querido Vasco”. Desde que asumió, en noviembre de 2007, Cristina Fernández visitó ya seis veces Merlo. La última, el miércoles pasado, para la inauguración de una ampliación de la fábrica de neumáticos Pirelli. Estuvo acompañada, como siempre, por Othacehé. También Daniel Scioli, Juan Manuel Abal Medina o Gabriel Mariotto suelen visitar el feudo del oeste. Durante una de sus visitas, en mayo de 2009, para poner en marcha el programa Empleo con Inclusión Social, Cristina destacó el apoyo de la Nación a Merlo y a su intendente, el “querido Vasco”. En febrero de 2010 Merlo tuvo otra visita presidencial. Fue para la firma de la adjudicación de cuatro tramos para la construcción de la Autopista de Circunvalación Parque Presidente Perón, una inversión nacional de 1.800 millones de pesos. Cuatro meses después, Cristina, Othacehé y su mujer, Mónica, inauguraron un Centro de Documentación Rápida. En septiembre de 2011, la Presidenta inauguró la Universidad Nacional del Oeste (UNO). En aquella oportunidad, su discurso se enfocó más en los beneficios de la educación pública, que en la obra de Othacehé, a quien hizo referencia como “señor intendente de Merlo”. A principios de este año, una teleconferencia también los unió cuando Cristina inauguró, a la distancia, la obra de saneamiento del arroyo Saladero Chico. Era el cumpleaños del Vasco. “Aprovecho para saludar afectuosamente al intendente Othacehé en el día de su cumpleaños”, le dijo la Presidenta, varios de cuyos funcionarios suelen visitar Merlo con frecuencia.

También Néstor Kirchner solía prodigar mucha atención a Othacehé durante su presidencia. En septiembre de 2007, por ejemplo, se llevó consigo a su colega ecuatoriano, Rafael Correa, que estaba de visita oficial en el país, para la inauguración de una planta de tratamiento de efluentes cloacales. Allí los esperaba Cristina, entonces candidata, que durante la ceremonia destacó a las “chicas” presentes la “pinta” de Correa.

jueves, 22 de diciembre de 2011

Othacehé, el barón de los "métodos violentos"

Nota publicada en La Nación el día jueves 22 de diciembre de 2011. Finalmente, alguien se anima a publicar una nota extensa en un diario de tirada nacional sobre lo que ocurre en Merlo. Recomendamos no sólo su lectura sino su difusión! Que esto se sepa!


Enlace:  http://www.lanacion.com.ar/1434595-othacehe-el-baron-de-los-metodos-violentos 


Othacehé: 
el barón de los "métodos violentos"

Pese a las decenas de denuncias por persecución a opositores, "El Vasco" conduce Merlo desde 1991
Por Lucrecia Bullrich y Iván Ruiz | LA NACION


La felicidad de Horacio "Lula" Cepeda apenas resistió unos días. No llevaba un mes como concejal electo de Merlo cuando comenzó su pesadilla. Nunca pensó que ser opositor del intendente Raúl Othacehé podía traerle tantos problemas. Lejos de dedicarse a la política, Cepeda tuvo que ocuparse de su libertad: estuvo preso cuatro meses.
"Me armaron causas sin pruebas. Eran todos testimonios de hombres cercanos al intendente", resumió Cepeda ante LA NACION. Asumió como concejal y lo destituyeron. Lo acusaron de cohecho y de amenazas, pero la Suprema Corte bonaerense falló a su favor. Entonces, lo denunciaron ante la Justicia. Recorrió tres comisarías hasta ser liberado, tras 120 días de calvario.
Como Cepeda, decenas de dirigentes opositores de Merlo denunciaron al intendente como el instigador de persecuciones políticas y violaciones a los derechos humanos. Golpizas, secuestros, causas armadas, sospechosos robos, tiroteos, amenazas de muerte e intimidaciones públicas son algunas de las acusaciones que pesan contra el intendente que lleva 20 años en el poder.
"El Vasco" gobierna Merlo desde 1991. Tiene fama de ser el barón más duro del conurbano. Pese a que acumuló denuncias en su contra, la Justicia nunca lo comprometió. Desde 2003, es un aliado estratégico del kirchnerismo en el conurbano.
Dirigentes nacionales y referentes de organismos de derechos humanos lo señalan como el responsable de la persecución a opositores. El premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel definió ante LA NACION el modus operandi del intendente como un "método violento" utilizado para enfrentar disidentes. "Las patotas de la intendencia son responsables del temor de los vecinos. Deberían ser investigada. También habría que revisar la actuación de la policía y los jueces".

"SOY UN DIALOGUISTA"

Una pieza clave del PJ bonaerense detalló cómo funciona el "método violento". "Primero tiran panfletos anónimos con injurias. Los concejales opositores crean una comisión investigadora que se hace eco de las acusaciones para luego concretar la destitución. Si no alcanza con lo político, van a la Justicia. Con complicidad de la justicia local arman causas y plantan testigos. Si es necesario, el opositor puede ir preso".
Consultado por las acusaciones, Othacehé declaró en un programa de televisión: "Mi mala fama es inmerecida. Para gobernar Merlo hay que ser duro. No puedo decir que el común denominador sea mi dureza. En todo caso soy un dialoguista".
Más que dialoguista, "El Vasco" es un hombre de familia. Martín, su hijo mayor, y Mónica Arnaldi, su mujer, son concejales. Pablo, otro de sus hijos, es subsecretario de Juventud. Su cuñada, Adriana Vera, preside el Concejo Deliberante. Su nuera, Cintia Carnabuci, es secretaria de Acción Social.
Zulema Othacehé, hermana del intendente, también fue parte del gobierno municipal. Zulema era tesorera del Concejo Escolar hasta que, en 1994, fue expulsada, acusada por un faltante de 1000 dólares. Sin embargo, la mujer afirmó que había sido castigada por interponerse en un negocio de un hombre cercano al intendente.
"Yo sabía, por comentarios de mi hermano, que había sido puesto ahí para hacer negocios. Fui a la intendencia y mi hermano me atendió a los gritos. Me dijo que tenía que aceptar las cosas como eran, sino la iba a pasar mal porque tenía comprada a la policía, a la Justicia y a la prensa", relató Zulema cuando el tema se convirtió en un escándalo. Días después, desapareció de escena.
"El Vasco", un hombre alto y fornido de 65 años, comenzó a militar en su adolescencia. Conoció a Rodolfo Galimberti entre tackle y tackle en el Padua Rugby Club. Según consta en la biografía del líder montonero, ambos se sumaron al grupo nacionalista católico Tacuara.
Othacehé también integró la agrupación Cadena, de ultraderecha y antisemita. El episodio más recordado sucedió en 1966, cuando fue parte de un grupo comando que secuestró un avión y lo desvió a las islas Malvinas para que la bandera argentina volviera a flamear en el archipiélago.

MUDANZA A LA PLATA

Terminada la dictadura, militó en la Renovación Peronista. Fue diputado provincial en 1987 hasta su desembarcó en Merlo. Sólo se alejó del municipio en 1999 para asumir como ministro de Gobierno de la gestión de Carlos Ruckauf. Su paso por la provincia también quedó salpicado por la polémica y las sospechas.
El 23 de mayo de 2001, sorprendió con una frase que quedó en el recuerdo. "Con los problemas que hay en el país, si entre los justicialistas existiera una intención golpista, De la Rúa caería en 24 horas. Que digo 24, en 12 horas se terminaría", dijo sin inmutarse en una entrevista con LA NACION.
Ya se hablaba, y mucho, de las grietas del gobierno de la Alianza, pero nadie había enfrentado en público, y con tanta crudeza, al radical. Finalmente, Othacehé fue investigado por la Justicia, acusado de haber instigado los saqueos que terminaron con la caída del gobierno en diciembre de 2001.
El 11 de abril de 2001, cuando Othacehé todavía era ministro provincial, el ex senador radical Manuel de Arma, que pretendía disputarle el poder en el municipio, se quemó a lo bonzo frente al edificio de la gobernación en La Plata al grito de "¡Othacehé me presiona!". Murió pocos días después. En un manuscrito dirigido al intendente, De Arma había denunciado una "campaña de amedrentamiento" contra él y su familia. "Me cuesta terminar estas líneas, lloro, porque no quiero morir pero tampoco puedo vivir pensando en que mi familia y mis amigos pueden ser destruidos", escribió en el mismo texto. La reacción del hombre fuerte de Merlo no sorprendió a nadie. "Lo lamento mucho, Manuel de Arma tenía un grave problema psiquiátrico", dijo.
Aunque en 2003 apoyó la candidatura presidencial de Adolfo Rodríguez Saá, no tardó en convertirse en uno de los aliados de Néstor Kirchner en el conurbano. Como ocurrió con varios de sus pares, en 2009 coqueteó con Eduardo Duhalde, pero 2010 volvió a encontrarlo cerca de la Casa Rosada. Forma parte de la vieja guardia del PJ bonaerense con la que Kirchner se relacionó de manera directa y fluída, sobre todo a partir de 2007. El vínculo con la Presidenta es más indirecto, aunque está intacto.

ANTE LA CIDH

Las denuncias contra Othacehé llegaron a los tribunales internacionales. Rosana Mattarollo, una abogada de Merlo, avanzó en causas vinculadas a remises ilegales en 2004. El municipio, el Concejo Deliberante, la Justicia y la policía estaban sospechados de cohecho y extorsión a los choferes. Cuando las causas adquirieron relevancia, Mattarollo fue denunciada por una supuesta amenaza. Pero el denunciante olvidó un detalle. El 16 de noviembre de 2004, día en que según la acusación había proferido la amenaza, Mattarollo estaba en coma: se recuperaba de una compleja operación que le llevó varias semanas.
"Eso fue el principio del calvario para mi familia. Me amenazaban por teléfono y me sacaban fotos. Seguían a mis hijos todos los días hasta la escuela y hasta nos amenazaron con armas de fuego en la ruta", relató a LA NACION. En esos meses sufrió 17 intentos de ingreso a su domicilio.
Mattarollo acudió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que hizo lugar a su reclamo por persecución política y dispuso protección para su familia. Mattarollo asegura que, lejos de encontrar la tranquilidad, cada dos meses sufre una lluvia de panfletos anónimos con denuncias en su contra.
"No soy Heidi, soy un tipo con convicciones. Pero nunca violo la ley", afirmó Othacehé en otra de sus apariciones mediáticas. Pese a los insistentes llamados de LA NACION, el intendente evitó hablar con este medio.

Mesa del PJ bonaerense, junto a Kirchner y a Solá.  Foto: Archivo
Foto 1 de 7

Mesa del PJ bonaerense, junto a Kirchner y a Solá.  Foto: Archivo
La diputada Victoria Donda tampoco se salvó de las amenazas. Ante la elevada cantidad de denuncias, la legisladora encabezó una audiencia pública de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara baja, de la que era presidenta, en Merlo. Después de aquel encuentro, denunció a Othacehé por amenazas. Según relató a la policía, después de seguirla arriba de una moto dos hombres le dijeron: "En Merlo no jodas más".
Donda fue contundente: "Othacehé es uno de los más nefastos resabios de la política mafiosa que mantiene en la pobreza a los y a las bonaerenses".
En Tiwitter:
@lbullrich / @iruiz

domingo, 26 de junio de 2011

Particular letrada denunció a Othacehé y al municipio de Merlo ante la CIDH

Nota aparecida el 11 de Mayo de 2011 en Investigaciones Rodolfo Walsh.


Particular letrada denunció a Othacehé y al municipio de Merlo ante la CIDH
  
Duras acusaciones

Se trata de la Dra. Rosana Beatriz Mattarollo, quien junto a su marido elevó su reclamo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ante diversas extorsiones y presiones por parte de gente muy ligada a la comuna, creen que su único camino es el exilio de ese partido del Conurbano. Aquí, Agencia NOVA reproduce la extensa denuncia dirigida a la máxima autoridad americana, que oportunamente fuera publicada por el sitio Tribuna de Periodistas. 

Sres. Comisión Interamericana de Derechos Humanos
S / D
A fin de ilustrar mejor la situación planteada, cuento un poco la intimidad de nuestra vida: yo soy una profesional con 10 años de ejercicio en la zona. Tengo un estudio jurídico en San Antonio de Padua, atendiendo los días lunes, miércoles, viernes y sábados, y los días martes y jueves, atiendo en Capital Federal, siendo mediadora matriculada en el Ministerio de Justicia de la Nación. Disfruto mi labor profesional, ya que siempre estudié mucho, siendo conocida en el Departamento Judicial de Morón, fundamentalmente en el Fuero de Familia, ya que tengo en trámite alrededor de cien expedientes por temas familiares. (...) En el barrio donde vivimos yo soy muy conocida porque mi padre es un médico prestigioso en la zona, porque actualmente yo vivo en la casa que vivió mi abuela, luego mi padre y mi madre, por lo que mi familia lleva en la misma casa más de sesenta años, lo que significa que la gente del barrio me conoce de chica.
(...) Yo había escuchado hablar de cosas que pasaban en Merlo, pero las historias que escuchaba me parecían irreales, exageradas. Había escuchado hablar del ex senador provincial De Arma y de su suicidio en La Plata, prendiéndose fuego; de las persecuciones a Lito Pazos, a Green, de la muerte del hermano del periodista Castelvi (hoy delegado de Human Rights Worldwide en Canadá, exiliado de Merlo), de un abogado de apellido Albornoz, de un Consejero Escolar fallecido al regresar de La Plata tras haber realizado denuncias de Merlo en “dudosas circunstancias”, de cosas que le pasaran a cualquiera que hiciera críticas públicas o que intentara realizar trabajos sociales sin relación con el Municipio; todas cosas que, según sus víctimas, tenían el sello de gente relacionada al Municipio (es decir, el mismo modus operandi: armados de causas, afiches pegados por todo Merlo ensuciando a la gente). Pero nunca hasta el año 2004 había tenido casos, profesionalmente hablando, de esta naturaleza. Además, parecía que la cuestión pasaba por no meterse en política. Y a mi la política jamás me interesó.
Entre los abogados del Departamento Judicial de Morón, si había escuchado que nadie quería tomar las causas relacionadas con Merlo, ya que era “un suicidio” (sic). Los comentarios eran “es una mafia”, a otros colegas los amedrentaron y terminaron cediendo.
A fines del 2003 comenzaron a presentarse en mi estudio distintos casos, donde se veía claramente que había cosas “no claras” tanto desde el accionar de la policía local como de la Fiscalía General de Morón. En general se trataba de gente de pocos recursos, cansada de recorrer abogados que no tomaban sus reclamos porque tenían miedo. Al principio pensé, en relación al Poder Judicial, que se debía al cúmulo de tareas, a cierta confianza en el accionar policial, etc. De a poco me fui dando cuenta de que no era así. Mucha gente que venía al estudio me decía que en Merlo, en comisaría, no le querían tomar ciertas denuncias, y si las tomaban, no ponían en las mismas lo que ellos relataban, o les decían que “eso no es delito”. Casualmente, todas esas denuncias tenían que ver con personas relacionadas tanto a la Municipalidad de Merlo como a la policía local. Cuando yo como profesional recomendaba que se dirigieran directamente a la Fiscalía de Morón, se encontraban con que tampoco querían tomar esas denuncias, o que si las tomaban, jamás se acumulaban con otras denuncias ya existentes contra las mismas personas, o se archivaban inmediatamente, o dormían el sueño de los justos.
En el mes de marzo de 2004, sufrí mi primera intervención quirúrgica por problemas ginecológicos graves. Tenía cáncer de cuello de útero.
Quizá mi error fue escuchar a la gente. En algún momento escuché comentarios (radio pasillo, como se dice vulgarmente) que decían: qué estúpida esa abogada: escucha gente que no tiene que ser escuchada.
La mayor parte de la gente que acudió en ese momento al estudio fue gente que manejaba los “remises truchos”, historia que se relató en presentaciones anteriores y que tuvo repercusiones a nivel periodístico (diario Página 12 del 16 de marzo de 2005, entrevistas radiales en programas como el de Santo Biasatti, y otros). A toda esa gente, que no pagaba la “coima” que le pedía gente de Tránsito del Municipio y Policía, les armaban causas, les retenían sus vehículos y eran intensamente perseguidos.
Uno de las primeras personas en venir por estos motivos al estudio fue CARLOS DANTE MOLINA, quien manifestaba que era intensamente perseguido en Merlo, ya que si bien había militado alguna vez en política para el oficialismo, se encontraba en ese momento militando en otro partido, y decía que por ello no lo dejaban trabajar, pidiéndome que le iniciara un trámite de Hábeas Corpus ya que estaba muy atemorizado, y así se mostraba, de que terminara preso por alguna causa que le inventaran.
Este señor Molina ya había realizado denuncias acerca del acoso que supuestamente sufría por intentar trabajar en Merlo. Las denuncias eran contra personal de Tránsito del Municipio.
Ante la consulta, me dirigí a la Fiscalía de Morón a fin de solicitar la nómina de causas que tuviera iniciadas este señor, tanto como denunciante como denunciado. Ante el listado de causas en su contra, desde averiguación de ilícito hasta amenazas a su propia hermana, lesiones, etc., cuando vino nuevamente al estudio, le dije que no podría iniciar un trámite de Hábeas Corpus con esos antecedentes, pero que si se sentía acosado de esa manera, debía realizar, como lo había hecho hasta ese momento, las denuncias correspondientes.
De allí en adelante, no lo vi más hasta que me avisa su hermana (pasados aproximadamente diez días desde su detención) que Molina se encontraba detenido en la Comisaría de Merlo Primera por una causa contravencional, ya que le habían secuestrado una “yuga” (elemento utilizado para robar automotores) y debía purgar una condena de quince días de prisión. Como ya hacía diez días aproximadamente que se encontraba detenido, le manifesté a la familia que no valía la pena solicitar excarcelación o cualquier otro trámite, ya que cualquier cosa que hiciéramos demoraría los cinco días o mas de lo que le restaba de condena, y ante la desesperación de la familia, quienes expresaban el temor de que le hicieran algo en Comisaría, fui a verlo allí TODOS LOS DÍAS HASTA SU LIBERTAD. Luego de ello, acudió al estudio en compañía del señor Raúl Armendáriz y otra gente, para realizar por escrito la denuncia de lo acontecido, ya que, según sus dichos, ese elemento (“yuga”) le había sido “puesto” por personal policial que le perseguía.
Luego de ello, no lo vi durante un tiempo, hasta que me llama por teléfono un día el señor Armendáriz, diciendo: malas noticias, “el Chino” (por Molina) está preso y no sabemos dónde. Averiguando por teléfono, di con él detenido en la Comisaría de Merlo Primera nuevamente. Llegué allí y el jefe de calle me anticipa que estaba demorado por “averiguación de ilícito”, ya que conducía un vehículo, y al serle requerida la documentación, el señor Molina habría sacado “dos cédulas verdes, una por el chasis y otra por el motor”, y que debían esperar a saber qué criterio adoptaría la Fiscalía interviniente. Pude verlo y charlar con él mientras estaba demorado.
Molina salió a la tarde de ese día, y no volví a verlo hasta que se presentó en mi estudio acompañando al propietario del vehículo que él conducía, un señor de apellido GIL, pidiéndome asesoramiento para saber cómo podía retirar el auto, ya que se encontraba secuestrado. Atendí a esta persona, la asesoré, y Molina permaneció en la sala de espera.
Todo lo relatado fue aproximadamente en el mes de octubre de 2004. También para esa fecha, fui citada por el Dr. Carlos Scarabel (asesor jurídico-penal de la Municipalidad) para hablar acerca de una nota que yo había presentado al Intendente a fin de que tuviera conocimiento de los hechos que estaban ocurriendo. Me citó Scarabel a las 17 horas, cuando en el Municipio no queda nadie a esa hora, abriéndome especialmente personal de seguridad la puerta de ingreso. Ya en el Hall, “casualmente” me cruzo con el señor “CARLOS DANTE MOLINA” (supuesto “perseguido”), quien se encontraba dentro del Municipio.
Jamás volví a ver a Molina antes de que me hiciera la falsa denuncia. Después de que me denunciara, lo vi en una oportunidad en que debí concurrir a la Comisaría de Merlo Primera a notificarme de una sentencia (con custodia) y “casualmente” Molina salía de la Municipalidad de Merlo (esto fue aproximadamente en el mes de abril de 2005). Supe después que Molina, a partir de la denuncia que me hiciera, trabajaba ahora en el Municipio (no sé en qué cargo, ni si en blanco o en negro).
Cabe consignar que todo esto fue en octubre de 2004 (...) habiendo tenido que afrontar las “consecuencias lógicas de trabajar en Merlo” (falsas denuncias, allanamiento, amenazas telefónicas tales como: “no podemos tocarte a vos, te vamos a hacer a tus hijos”, llantos de niños en el teléfono, los vamos a matar, paren con Merlo porque son boleta, etc.) con una herida abdominal abierta, fajada y con apósito quirúrgico ya que la herida drenaba.
Durante el mes de enero de 2005, debimos irnos de nuestra casa y mandar a todos nuestros hijos lejos, ya que no aguantábamos más la presión, las amenazas, los intentos de ingreso a nuestra casa y al estudio, sonando la alarma casi todas las noches. Además, no podíamos confiar en que no intentarían detenernos. El Fiscal, Dr. Aldo Acosta Argañaraz era conocido por ser íntimo amigo del Intendente de Merlo y se decía que su designación había sido producto de esa amistad. Todos los abogados amigos o conocidos se encontraban de vacaciones por la feria judicial, y nos sentíamos sumamente inseguros. Temíamos por la integridad de nuestros hijos, yo no podía movilizarme todavía, y mi marido no podía irse a trabajar doce horas y dejar a toda la familia a la buena de Dios.
No podíamos entender del todo qué era lo que pasaba, ya que al no tener idea de política, yo ignoraba todo lo que se movía a su alrededor.
Otra de las personas que vino al estudio, no con mucha esperanza, ya que nadie quería tomar su caso, fue el Concejal Fernando “Toti” Aguirre. Aguirre refería haber sido siempre muy perseguido en el Municipio, ya que, si bien en su primer mandato había ingresado al Honorable Concejo Deliberante de Merlo por el oficialismo, fue expulsado del bloque al poco tiempo por negarse a votar a expediente cerrado la privatización de la recolección de residuos en el Partido, debido a la corrupción existente alrededor del tema.
En este mandato, Aguirre había ingresado al Concejo Deliberante por la Alianza Federalista por Buenos Aires. Refería el Concejal que, desde un principio, lo habían amenazado con que no dejarían que estuviera mucho tiempo en su cargo. Había, según sus dichos, recibido amenazas de todo tipo. En los días anteriores a la entrevista, se había formado una Comisión Investigadora (bastante irregular) a fin de indagar acerca de ciertas “irregularidades” en su accionar, “indignas” de un Concejal. Una de estas “irregularidades” fue denunciada por una ciudadana paraguaya, quien, mediante carta simple, denunciaba ante el Concejo Deliberante que Aguirre “propiciaba la rebelión fiscal” (sic). Inició Aguirre querella penal por calumnias e injurias contra esta señora, causa que se encuentra elevada a juicio oral. Otra de las supuestas irregularidades era la falsificación de firma (la del Concejal), de lo que nunca pudimos lograr que se comprendiera que en todo caso el Concejal era la víctima del delito y no el que lo había cometido, ya que era su propia firma la que habían adulterado. Otra supuesta irregularidad era que uno de sus colaboradores ad honorem había mandado imprimir tarjetas personales con un cargo inexistente. Y la última supuesta irregularidad, era la participación de su mujer en una asociación civil sin fines de lucro.
El Concejal Aguirre me consulta a fin de que dé un enfoque jurídico del tema y le prepare por escrito la defensa que debía presentar ante la Comisión Investigadora. Decido tomar el tema, ya que me interesaba desde el punto de vista profesional, debido a que los conflictos que se suscitan en cuanto a la suspensión de tanto de Concejales como de Intendentes Municipales en la Provincia se resuelven mediante expediente de conflicto constitucional, demanda originaria de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, por lo que son temas reservados a letrados de prestigio. Llegar a hacer una demanda de este tipo, es profesionalmente un orgullo.
A la presentación de la defensa de Aguirre con mi firma como profesional, las cosas se pusieron mas tensas en Merlo, ya que incluso la Presidente del Concejo Deliberante manifestó al leerla, según comentarios de otros concejales, que “esta abogada esta haciendo política hace tiempo y se está candidateando a intendente” (un absoluto delirio).
Al poco tiempo, Aguirre fue suspendido en su cargo por noventa días, por lo que, al venir en consulta al estudio le manifesté que por lo que yo sabía del tema, la Corte nunca había acogido un reclamo de conflicto constitucional ante una “suspensión”, ya que era una medida de carácter provisorio, y que teníamos dos opciones: una era esperar los noventa días para ver si se resolvía la destitución y allí plantear el conflicto en la Corte, y la otra, iniciarlo, ya que no perdíamos nada con intentarlo, lo que así resolvió Aguirre.
Se inicia así el expediente “Aguirre, Fernando José c/ Honorable Concejo Deliberante de Merlo s/ Conflicto artículo 196 Constitución de la Provincia”, en el que con fecha 9 de marzo de 2005, se hizo ha lugar parcialmente a lo reclamado, ordenando levantar la suspensión del Concejal.
Ante esto, el Honorable Concejo Deliberante resolvió convocar a sesión extraordinaria para el 10 de marzo de 2005, para proceder a la destitución del Concejal Aguirre. El 10 de marzo a primera hora retiré copias de la sentencia y remití por fax la totalidad del fallo y también se presentó por mesa de entradas del Concejo antes de la sesión. A pesar de haber tomado conocimiento de los términos de la misma, se resolvió la destitución, alegando no haber recibido notificación oficial de la Corte, la que llegó aproximadamente 5 días después.
Por ello se inició el conflicto propiamente dicho ante la Corte. A la fecha, antes de la feria judicial de julio de 2005, la Procuración de la Suprema Corte de la Provincia emitió su dictamen favorable a la reposición en el cargo del Concejal Aguirre, estando pendiente aún el fallo de la Corte, pero siendo previsible su resultado.
Parece que en Merlo se confunde totalmente la actuación profesional con la política, ya que un colega que trabaja en el Municipio, ante mi relato de las cosas que me ocurrían me dijo: “también vos... meterte a defender al Toti...” Así comencé a conocer cosas que no sabía, como que Raúl Othacehé tiene una enemistad personal con Aguirre, a quien considera su acérrimo opositor; que todo lo que me viene sucediendo tiene mucho que ver con haber patrocinado a Aguirre. (...) A partir del dictamen de la Procuración, comenzaron nuevamente las llamadas telefónicas, tuvimos una “visita” a mi estudio donde creemos que la intención era lastimarme o secuestrarme; y también nos “visitaron” en horario nocturno, tres personas que violentaron la persiana de mi estudio y huyeron ante los gritos de mi marido y la alarma sonando. Todos estos hechos fueron debidamente denunciados, siendo visitados en estos días por personal policial de Merlo, quienes pidieron los datos de la custodia, y un relato pormenorizado de lo acontecido. Al parecer las cosas se salieron de cauce y hasta el Comisario de Padua opina que nuestra custodia debe ser de 24 horas.
Desde el día 12 de julio de 2005 mi marido no puede ir a trabajar ya que teme por mi integridad física y la de los chicos. Esto nos está afectando tanto anímica como económicamente.
Como nadie quería tomar nuestro caso porque saben que es enfrentarse con el poder político, nuestro defensor es el Doctor Norberto Hermida, reconocido jurista especialista en derecho penal, quien luego de tomar el caso, sufrió un “casual y conveniente” asalto a su estudio jurídico, del que le robaron los dos CPU y la carpeta con copias de nuestra causa, demorando enormemente su tarea profesional ya que con sus CPUs se fueron años de trabajo.
Nuestra defensa es muy cara ($30.000), ya que el Dr. Hermida cubrió los posibles inconvenientes con los que se toparía por tomar la causa. Estamos endeudados con parientes y amigos, y todavía le debemos dinero a nuestro defensor.
Realmente nuestra vida cambió radicalmente. Nadie puede trabajar tranquilo en estas circunstancias. La enemistad que se ha generado con todo esto en la Fiscalía de Morón la siento cada vez que voy a ver alguna causa en la que participo como defensora.
Hace poco tiempo tomé una causa con un detenido que tramita por ante la UFI N° 6 del Dr. Acosta Argañaraz. ¿Cómo puedo garantizar a mis clientes que tendrán un juicio justo, si hasta su abogada defensora ha solicitado el cambio de jurisdicción? ¿Cómo puedo yo presentarme a asistir en sus declaraciones a un imputado, cuando las preguntas las realiza este señor?
Es entonces que creemos que se han violentado todas y cada una de nuestras garantías constitucionales, y a la fecha, se encuentra restringida nuestra libertad ambulatoria y nuestro derecho al trabajo.
(...) Luego de tantos meses de padecer todo esto, recién ahora me resultan claras algunas cosas. Aguirre me dijo una vez que la metodología de la gente de Merlo llevaba una especie de sello, y que si comparaba mi caso con otros acontecidos en el Partido me daría cuenta de que todos siguen un mismo patrón, el de “comprar” colaboradores, el de “empapelar” y “ensuciar”, el de “amenazar amedrentando y enloqueciendo con acosos y persecuciones constantes”, el de “premiar” a la gente que se presta a realizar falsas denuncias con puestos políticos o dinero.
Dos años antes de todo esto, entró a trabajar a mi estudio una estudiante de derecho de nombre PAOLA VIRGINIA TOLOZA. Esta chica provenía de una familia humilde, que con todo sacrificio le pagaba sus estudios universitarios. Aparte de su sueldo, comencé a pagarle todos sus gastos de estudio (viajes, fotocopias, libros, etc.). la relación laboral generó una confianza en ella muy importante; salía muchas veces con mi hija mayor, almorzaba o cenaba en mi casa. Paola comentaba que colaboraba con una biblioteca popular en Merlo, pero nunca comentó que estaba militando en política. El hecho es que el día 26 de noviembre de 2005, cuando me trajeron a mi casa con mi herida abierta, Paola me esperaba para comunicarme que se tomaría una semana por tener que rendir exámenes. Yo llegué a suplicarle que no me dejara en ese delicado momento, ya que debía guardar reposo absoluto y no podía atender el estudio. Se negó rotundamente. Cuando retomé la actividad, descubrí que del estudio se había llevado denuncias, dinero, etc. Nunca más apareció Paola por el estudio, debiendo llamar a su madre a fin de que me devolviera algunos papeles que habían quedado en su poder y que eran importantes. Aproximadamente en el mes de marzo de 2005 encontrándome en el Edificio de Tribunales de Morón con una cliente del estudio que esperaba para que le entregaran un giro de un sucesorio, veo a Paola en la mesa de entradas. Intentó hablarme, pero como no valía la pena, seguí en mi trabajo sin siquiera levantar la vista. A los pocos días me entero que ella había realizado una denuncia en mi contra manifestando que le había pateado un tobillo y le había mojado un escrito que debía presentar con unas gotas de agua. Obviamente esta chica no debe haber visto que me encontraba con una cliente, ya que de otra manera no se explica que haga una denuncia falsa cuando se encuentra de testigo esa señora, y toda la gente de la mesa de entradas del juzgado, incluso el personal de seguridad. De la lectura de la denuncia tomo conocimiento de que Paola se encuentra trabajando “casualmente” en la Secretaría Legal y Técnica de la Municipalidad de Merlo. (Esa denuncia tramita por ante la UFI N° 4 de Morón, IPP N° 264.454). Luego de estos hechos, una mañana en Tribunales de Morón una empleada del Colegio de Abogados que tiene a su cargo la entrega de formularios de Ius Previsional de los letrados, los que se utilizan para realizar aportes a fin de presentarse en los expedientes, me informa que el día anterior mi ex secretaria Paola solicitó la entrega de varias de esas planillas a mi nombre, sin mi autorización, obviamente. Esto me obligó a realizar denuncia penal, la que se encuentra en la UFI N° 4 de Morón. Esto me obliga a recorrer juzgados a fin de averiguar si alguien se ha presentado en algún expediente utilizando mi nombre.
Me parecía importante contar cómo se desarrollaron los hechos en detalle a fin de que se tome real dimensión de lo que decimos cuando expresamos que de continuar de esta forma no nos queda otra vía que el exilio. Es que no encontramos respuestas concretas a nuestros reclamos, ya que en definitiva creemos que esto se soluciona con una decisión política a un nivel superior.
En cuanto al informe que les remitiera oportunamente Cancillería, el mismo me parece tendencioso, y como dije, con omisiones deliberadas. Es que no creemos más en las casualidades, ya que en Merlo todas son “casualidades”.
Esperando una respuesta de uds. a la brevedad, les saludamos atentamente.

Dra. Rosana Beatriz Mattarollo
DNI: 17.467.243

Alberto Pedro Saboulard
DNI: 12.082.311

Enlace: http://www.rodolfowalsh.org/breve.php3?id_breve=1899

martes, 21 de junio de 2011

Merlo, un infierno de aprietes con tono policial y complicidad política

Nota aparecida el 16 de Marzo de 2005 en Página/12.

Enlace: http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-48519-2005-03-16.html


Merlo, un infierno de aprietes 

con tono policial y complicidad política

Una abogada denunció la persecución por parte de policías y jueces de paz. Fue por haber defendido a un fletero y a un remisero que se negaron a pagar coimas. El caso llegó a la Rosada y la CIDH.

 Por Horacio Cecchi

En el partido de Merlo, defender a un fletero y a un remisero que se niegan a pagar retornos puede transformarse en un camino negro. La abogada Rosana Mattarollo y su familia empezaron a recorrerlo. Como letrada del fletero y del remisero, Mattarollo comenzó a recibir las primeras amenazas de evidente tono policial: “Te vamos a plantar un perro (un arma) y armarles una causa”. Continuaron con pinchaduras de teléfonos, perros guardianes dormidos con sedantes, un aviso de que el marido sería secuestrado, seguimientos hasta una chacra perdida en medio del campo, intentos de robo a su estudio y las habituales campanillas del teléfono que suenan sin que nadie responda. Mattarollo está aterrada. Llegó hasta la Secretaría de Derechos Humanos, que amparó su caso y que lo presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La CIDH aceptó tratarlo. Hoy, Mattarollo fue recibida en la Rosada. Por el momento, nada parece demasiado para tranquilizarla: para colmo, pese a todo su calvario y a haber presentado infinidad de denuncias ante la Justicia de Morón, un testigo de la policía la denunció por amenazas y ahora la misma Justicia amaga con detenerla.

Según relató Mattarollo a Página/12, al fletero Rafael Pappacena los de la comisaría del barrio Matera, de Merlo, lo tenían de punto exigiéndole un retorno para no tener problemas. Y de tanto negarse, Pappacena los tuvo. A pedido de la fiscalía 3 de Morón, a cargo del fiscal De los Santos, allanaron su casa, donde la policía aseguraba que funcionaba un desarmadero. No funcionaba, pero igual se llevaron secuestradas las camionetas y un camión. Pappacena intentó por todos los medios recuperar el camión. Después de meses de insistencia, Mattarollo logró el aval del fiscal para recuperarlo. Ese día concurrió a la comisaría con una cámara de fotos: le devolvieron un esqueleto desarmado. Tenía las cuatro ruedas diferentes, le faltaban la batería, el burro de arranque, el volante, la caja de cambios, el alternador y las ópticas. 

Como faltaba periciar el motor, el fiscal adjunto de la UFI 3 de Morón accedió a devolver el chasis. Cuando la abogada pidió al subcomisario Palmieri, de la comisaría del barrio Matera, que en el acta de retiro del chasis figuraran los faltantes, el ánimo de Palmieri pasó del blanco al verde morado. Hubo un cruce de palabras. A partir de allí, casualmente, Mattarollo empezó a recibir llamados amenazantes y en varias ocasiones intentaron entrar a su estudio.

En noviembre de 2004, la abogada empezó a descubrir, a partir de la denuncia de otro cliente –el remisero Benigno Videla y su esposa Vilma Loza–, “las conexiones entre el poder político de Merlo, la policía y funcionarios judiciales”, según ella misma relató a este diario. Videla y Loza denunciaron que policías de la comisaría 1ª de Merlo, a cargo del comisario Pampaloni, habían secuestrado el Ford ’83 que utilizaban para trabajar. “En Merlo, el 5 por ciento de los remises está habilitado porque tiene contactos con el poder político –explicó Mattarollo–. El 95 restante es trucho y son los que no están habilitados. Para ‘remisear’ tienen que pagar un peaje.” Para cobrar siempre hay encargados. Para el caso, dos fácilmente localizables son el Gordo Adrián y el Siberiano. Al momento del pago colocan una oblea sobre el parabrisas en señal de pase libre. Son fácilmente localizables por su decisión de estar del lado de la Justicia: ubicaron su parada junto al despacho de un juez de paz. Y la abogada recuerda que los jueces de paz, a cargo de las faltas de tránsito, son funcionarios del poder político local, y dependen de él y de su brazo legislativo, el Honorable Concejo Deliberante.

El Ford ’83 de Videla y Loza terminó como el camión de Pappacena: secuestrado por tiempo indefinido en la 1ª. Según dispuso el juez de paz a cargo, de apellido Cravicich, para retirarlo debía pagar la insignificantemulta de 1900 pesos más 50 pesos por día de estacionamiento, por un total de 50 días. “Una cantidad que superaba el valor del auto”, reclamó Mattarollo, quien interpreta que semejante castigo ante semejante panorama de corrupción significa que hay alguien que no está de acuerdo con que se eludan los pagos. Y mucho menos que se hagan denuncias. El auto, finalmente, fue devuelto sin multa por intervención de un juzgado de paz pero de Hurlingham. Estuvo 15 días en arreglo. Al 16º fue secuestrado, esta vez por orden de otro juez de paz, de apellido Di Forte. Desde el 16 de noviembre acumula herrumbres en el depósito municipal tarifado.

Para la abogada de Merlo y su familia, los casos de Pappacena y Videla se transformaron en un termómetro del humor político sobre ellos mismos. Mattarollo denunció, ante prácticamente todas las fiscalías de Morón, amenazas de todo tipo. Algunas son tan simples como que suene el teléfono y detrás una voz susurre “cortala porque sos boleta, vos, tu marido y tus hijos”, o simplemente se escuche el silencio, que en esos casos suena con bastante cuerpo. Por cada una de ellas presentó una denuncia en las fiscalías de Morón. Otras son más depuradas. O intentan serlo. Un día llegaron dos tipos cuando no había nadie en la casa. Con la excusa de un informe crediticio, preguntaron a la vecina por horarios y costumbres. La vecina, una escribana, empezó a sospechar cuando preguntaron por la escuela de los chicos.

El 24 de diciembre pasado, a Ma-ttarollo le llegó la versión de que le querían inventar una causa. El 25 recibió una amenaza telefónica. El 26 la denunció ante la comisaría 2ª de Merlo, correspondiente a su zona. El 30, a la misma hora en que debía presentarse para una pericia en los tribunales, cayó un operativo policial en su casa, encabezado por el subcomisario de la 3ª de Merlo, con orden de allanamiento del fiscal Acosta Argañaraz, de la UFI 6. “El subcomisario se sorprendió cuando me vio –recordó Mattarollo–. Claro, si tenía que estar en la pericia. Me querían inventar una causa.”

Durante un tiempo le resultó imposible enterarse de cuál era el motivo del allanamiento, bajo el argumento del secreto de sumario. Presentó entonces un pedido de eximición de prisión (“por si se les ocurre”) y sin decirle a nadie se fue con su marido a una estancia turística perdida en medio del campo en Emilio Castro, cerca de San Nicolás. Como pasajeros, además de ellos y de un tercero, llegó un par de días después un tipo extraño que, con la excusa de sacar fotos de pajaritos, les apuntaba siempre a la abogada y a su marido. “El tipo ése está trabajando –le advirtió el tercer pasajero, cuando ya la cosa era demasiado grosera–. No está de vacaciones porque nunca se arrimó a la pileta ni se sacó el saco.”

Otro día, al salir de la estancia por el único camino de tierra que conduce al pueblo, se toparon con algo que les resultó sospechoso: un patrullero los detuvo para pedir documentos, trajinando su control de ruta a un sendero donde el único tránsito corría por cuenta de ellos. El patrullero estaba muy lejos de su jurisdicción: pertenecía a la Departamental Zárate-Campana.

Al regreso, además de que los llamados se extendieron a los hijos, la doctora Mattarollo pudo acceder a la causa por la que era perseguida por la Justicia: la denunciaban por amenazas. La causa tramita en la fiscalía 6, a cargo de “triple A”, como conocen en los tribunales moronenses a Acosta Argañaraz, cuyo nombre es Aldo y uno de cuyos antecedentes profesionales en el área privada es haber sido abogado del mandamás de Merlo, el polémico Raúl Othacehé.
Enlace: http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-48519-2005-03-16.html