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martes, 24 de septiembre de 2013

Letra P: repercusiones del informe sobre Merlo en PPT

Nota publicada el día de ayer, 23 de Septiembre de 2013, en el medio virtual Letra P.

Fuente: http://www.letrap.com.ar/blog/2013/09/23/othacehe-y-una-nueva-denuncia-contra-su-manera-de-hacer-politica-en-merlo/


Othacehé y una nueva denuncia contra su manera de hacer política en Merlo

El intendente de Merlo, Raúl Othacehé, fue protagonista de las cámaras televisivas después de agredir al periodista de Periodismo Para Todos, Nicolás Wiñazki.
“Dios lo va a castigar por mercenario y mentiroso. Usted es empleado de los poderes. Va a tener que responder ante Dios por las mentiras”, le gritó cuando el periodista del programa de Jorge Lanata quería entrevistarlo frente al municipio del Oeste del Conurbano.
En la edición del domingo, el programa de El Trece mostró testimonios de aprietes y patotas de clubes de fútbol como parte del accionar del intendente que responde al Frente para la Victoria. ”O te aprieta, amenaza, difama o te intenta comprar”, relató Roxana Monzón, del Frente Renovador.
Varios dirigentes opositores denunciaron que imprime panfletos con imágenes difamatorias y amenazas. ”En general son punteros reclutados de las barras de los clubes locales, como el deportivo Merlo o el Midland”, afirmó Analía Pascual, militante del Partido Obrero local.
No es la primera vez que el intendente histórico que gobierna Merlo es blanco de acusaciones por violencia política. Como ya informara Letra P hay  denuncias en su contra por violación de los deberes de funcionario público, por violento y patotero.


Othacehé, fue noticia en abril de este año por la destrucción de buena parte del edificio donde funcionó un Centro Clandestino de Detención en su distrito y que estuvo bajo el control de la Fuerza Aérea Argentina durante la última dictadura cívico militar. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) denunció penalmente al jefe comunal acusándolo de violación de los deberes de funcionario público.

lunes, 23 de septiembre de 2013

Letra P: "Othacehé, la contracara de Insaurralde"

Compartimos con ustedes este artículo del medio virtual Letra P (http://www.letrap.com.ar) del día 06 de Agosto de 2013.

Fuente: http://www.letrap.com.ar/blog/2013/08/06/othacehe-la-contracara-de-insaurralde-el-intendente-k-del-que-nadie-habla/


06 de Agosto de 2013.


Othacehé, la contracara de Insaurralde: el intendente k del que nadie habla

El histórico jefe comunal que gobierna Merlo desde los años ´90, Raúl Othacehé, es blanco de acusaciones por violencia política en esa localidad del Conurbano bonaerense. Desde los momentos en que los nuevos kirchneristas lo acusaban de caudillo hasta las denuncias en su contra por violación de los deberes de funcionario público, son toda una radiografía de gobernar con un estilo polémico y, según los opositores, violento.

El caudillo de Merlo sonríe, pero no muestra los dientes.
Merlo, una de las localidades más populares del oeste. Allí, donde hacer política opositora es toda una patriada, la situación de los partidos que no comulgan el estilo de gestión de la popular zona del Conurbano provincial, sufren en carne propia lo que significa militar contra todo un armado que rodea a los que no están en las filas de Raúl Othacehé.
Pero en Merlo y su rol político, o mejor dicho, los estilos de hacer Política, no figuran por la amabilidad de las noticias. Desde hace tiempo, los opositores al ahora integrante del Frente Para la Victoria denuncian a las patotas, que según los mismos, responden al Intendente. Lo llamativo es que hasta propios integrantes del kirchnerismo, que tienen cargo de relevancia a nivel nacional, lo marcaron como “el responsable” de la violencia en la ciudad. Todos los adjetivos de un Barón.
En marzo de 2011, un día después de que dos militantes de Nuevo Encuentro fueran golpeados por un grupo de choque, Martín Sabbatella, hoy titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), apuntaba contra el municipio local por el hecho. “El intendente Raúl Othacehé es el responsable de la violencia que existe en Merlo y es su responsabilidad desactivar a las patotas que atemorizan a la población y a los militantes políticos y sociales”, advertía el ex jefe comunal de Morón y fundador del partido Nuevo Encuentro, quien hacía responsable al mandatario de la ciudad que integra la 1ª sección electoral.
“Fue una muestra de esa impunidad antidemocrática propia de un feudo, de un lugar donde no se puede participar ni opinar democráticamente. Hacemos absolutamente responsable a Othacehé por la seguridad y la integridad de los militantes del Encuentro y de todos aquellos que son habitualmente agredidos a raíz de su participación política y su militancia social”, completaba el hoy funcionario nacional, pero la historia no terminó allí porque la situación se complicó, también, para los militantes de otras agrupaciones que trabajan en fuerzas bien alejadas del oficialismo.
Libres del Sur, espacio que integra la diputada nacional Victoria Donda, también se sumó a las denuncias contra el caudillo político. En septiembre de 2012, y en un duro comunicado en la página oficial del partido, la legisladora caratuló de impune al intendente para, luego, preguntarse cómo podía seguir “agrediendo con tanta impunidad” y calificó el accionar local equivalente al para–policial.
“Allí (en Merlo) hace años que funciona todo un sistema de intimidación perfectamente organizado desde la intendencia para controlar represivamente a la población. Estas personas de la comunidad solo intentaban realizar un abrazo simbólico a una comisaría donde funcionó un ex centro clandestino de detención durante la última dictadura cuando fueron agredidos impunemente”, aseguraba Donda, como anticipándose a un hecho que generó la respuesta de una prestigiosa entidad.
Por la destrucción de buena parte del edificio donde funcionó un Centro Clandestino de Detención y que estuvo bajo el control de la Fuerza Aérea Argentina durante la última dictadura cívico militar, éste año, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) denunció penalmente al jefe comunal acusándolo de violación de los deberes de funcionario público.
Según se explicó, el 18 de abril, un equipo de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos de la municipalidad de Merlo destruyó parte del edificio, acto que dejó en evidencia que se incumplió con las normativas vigentes, provinciales y nacionales, que indican “preservar como espacios de la memoria aquellos sitios donde imperó el horror”. El edificio, situado en Eva Perón 1221, fue tipificado como Centro Clandestino de Detención (CCD) por el Informe de la Conadep en 1984.
“Las políticas de preservación de sitios donde ocurrieron delitos de lesa humanidad, remiten a los lineamientos del Estado nacional, provincial y responden a consensos universales. La protección de las huellas materiales de hechos humillantes a la condición humana no sólo busca preservar la prueba positiva de los delitos ocurridos, sino también contiene un fuerte sentido pedagógico y reparador del daño orientado a quienes lo padecieron y a las futuras generaciones”, se expresaba en un comunicado la Comisión encabezada por el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel y Hugo Cañón.
“Jamás el juez Rafecas me notificó ni tampoco a ninguna dependencia de la municipalidad de Merlo, de la prohibición de innovar que había decretado, como así tampoco existe normativa alguna que indique que el edificio donde alguna vez funcionara la Comisaría de Libertad, haya sido un centro clandestino de detención, tortura o exterminio durante la última dictadura militar”, explicó el jefe comunal bonaerense, en defensa de la acusación que ensució un poco más su prontuario, pero luego demostró un tono político en las declaraciones.
Hoy, a pocos días de las PASO, la situación no cambió. Pedirle a todo un caudillo, ese al que no le molesta que lo reconozcan como un autentico Barón, demandar algo diferente es lo mismo que pedirle dejar su instinto político de lado y ésta, quizá, sea la explicación de por qué nadie habla de él.

miércoles, 1 de agosto de 2012

Amigos son los amigos. Sobre las denuncias de la CPM y la connivencia y parcialidad del juzgado de Morón.


Amigos son los amigos
Sobre las denuncias de la CPM y la connivencia y parcialidad del juzgado de Morón.
*por el Espacio por la Democracia en Merlo


Dicen que los amigos están siempre en los momentos difíciles. Por eso no resulta tan sorprendente la operatividad y rapidez de la Justicia de Morón para fallar a favor del intendente Raúl Othacehé respecto a la última denuncia efectuada por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) por la demolición de parte del ex centro de detención clandestina, la Comisaria 2ª de Libertad. Buenos amigos.

Sin embargo, después de haber leído el fallo completo, en el cual el Juez Federal Dr. Jorge Ernesto Rodríguez decide archivar la causa Nro. 4879, podemos permitirnos algunas reflexiones.

El juez no encuentra delito alguno cometido por parte del intendente Raúl Othacehé, como así tampoco de sus funcionarios Eduardo Aguirre y Aníbal Pazos. Alega que la orden de no innovar llega a manos de la municipalidad de Merlo ocho días después de efectuada la demolición. Pero él mismo cita, dentro del fallo, la Ley Nacional N° 26.691 y la Ley Provincial N° 13.584, en las cuales se dicta que todos los edificios en donde funcionaron centros de detención clandestina deben ser preservados.

 Esta lista de sitios de la memoria se conforma con los datos señalados en el informe de la CONADEP (el conocido libro Nunca Más), en el cual se menciona explícitamente la Comisaría 2ª de Libertad como un centro de detención clandestina ubicado en el área 163, subzona 16 de la fuerza aérea, dentro de la zona 1. Aquí es necesario tener en cuenta dos elementos: según el fallo es “un funcionario de Morón”, el Sr. Emiliano Ruy Rodríguez, quien da el aviso al Dr. Rafecas de que la Comisaría 2da de Libertad está en el informe de la CONADEP, este mismo año. Pero la última edición del informe, en la cual se menciona explícitamente la Comisaría 2ª de Merlo (Libertad), es del 2006. Es decir, que es intrascendente cuándo el Dr. Rafecas da el aviso al municipio de que la Comisaría debe ser preservada por ser un sitio de memoria, si de todos modos esto era de público conocimiento desde 2006.

Por otro lado, consideremos las leyes N° 26.691 (Nacional) y N° 13.584 (Provincial). La ley nacional es del 2011, pero la provincial es del 2006. Es decir que desde hace 6 años que como mínimo en la Provincia de Buenos Aires deben respetarse los lugares de memoria. Ahora bien, ambas leyes señalan que es el Poder Ejecutivo (Nacional y Provincial, respectivamente) el responsable de la preservación de esos sitios. Si consideramos que es obligación de cualquier Estado Municipal el hacer cumplir sus leyes provinciales y nacionales, ¿no convierte esto a los municipios en tan responsables de preservar los sitios de memoria como lo es la provincia y la nación? No obstante, aún si dejáramos esto de lado, la ley 26.691 en su artículo 5 inciso b dispone que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación debe alentar a los municipios a crear entes que tengan la misión de preservar los sitios de memoria. Y justamente en Merlo existe una Comisión Municipal por los Derechos Humanos, encargada entre otras cosas de identificar personas desaparecidas; ¿Acaso esta Comisión no es el ente del que habla la ley 26.691? ¿Quién sino ella debe encargarse del reconocimiento y la preservación de los sitios de memoria de Merlo?.

Por todo esto es difícil de comprender que pueda alegarse que el Municipio de Merlo “no sabía” que debía proteger un sitio de la memoria, e incluso es inentendible que haya sido necesario que un funcionario de Morón señalara al Dr. Rafecas que la Comisaría 2ª es un sitio de memoria, cuando claramente esto debería haberlo hecho nuestra propia Comisión por los Derechos Humanos del Partido de Merlo. Es responsabilidad de las autoridades del municipio conocer las leyes que afectan su jurisdicción y hacerlas cumplir. Si un hombre asesina a otro sin motivo, ¿puede quedar libre porque “no conocía” la ley que prohíbe el asesinato?

La causa iniciada por parte de la CPM se enmarca en el incumplimiento de dichas leyes, y no en una campaña difamatoria y con fines de rédito político como supone Othacehé en su conferencia de prensa. De hecho, la CPM recurre a la justicia sólo al no encontrar respuestas certeras en el mismo municipio acerca del accionar de su gestión o, al menos, un esbozo de autocrítica. El cargo que le imputan al intendente es el de incumplimiento de deberes de funcionario público, basándose en la ilegalidad de los procedimientos llevados a cabo en la Comisaria N°2 de Libertad, ya que, al margen de cualquier medida cautelar, existen dos leyes que garantizan la integridad de aquellos puntos de potencial  interés para cualquier instancia judicial relacionada con delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar. Sin embargo, el fallo emitido por el magistrado Jorge Ernesto Rodríguez desestima la violación de una medida cautelar de no innovar en una causa iniciada con la caratula de privación ilegitima de la libertad (causa N° 7273/2006),  alegando que los funcionarios del municipio de Merlo ignoraban, debido a la falta de notificación fehaciente, la prohibición legal de intervenir de cualquier forma el inmueble en cuestión. Es decir que el fallo sólo toma en cuenta uno de los sentidos en los cuales podría haber existido incumplimiento de deberes (no respetar la medida cautelar), pero no toma en cuenta el otro sentido en el que puede considerarse el mismo delito (no respetar una ley nacional y una provincial).

            En todo caso, suponiendo que admitiésemos la posibilidad de que un intendente desconozca inocentemente una ley que rige en su localidad (a este nivel un error grave), hay una segunda cuestión a tener en cuenta. Antes de que el Dr. Rafecas personalmente interviniera en la demolición, concejales de Nuevo Encuentro presentes en el lugar, según sus propias declaraciones, le informaron a los funcionarios municipales de la existencia de la ley por la cual no debían demoler el edificio. Así lo indican en un comunicado de prensa que hicieron circular por la red: "Al presentar el escrito firmado por el Juez interviniente, donde se remarcaba que no se podía innovar en el lugar (es decir, que no se podía demoler el edificio), el personal a cargo de la demolición desestimaron el escrito y prosiguieron con la obra pese a nuestras advertencias. Informamos a la secretaria del Juez a cargo, quién ordenó la presencia de personal de la Policía Federal para detener la demolición." Los responsables de la demolición se negaron a hacer caso de lo expresado por los ediles. Solo detuvieron la demolición cuando se presentó la policía federal con la orden del juez, momento en el que ya se encontraban las dos terceras partes del edificio demolido. En síntesis, hicieron caso omiso a lo expresado por los concejales antes de comenzar con la tarea, y solo se detuvieron con la orden del juez en manos de la autoridad federal. Una actitud que solo demuestra soberbia e ineptitud por parte de los funcionarios municipales para con los ediles de la oposición, tan conocedores de la jurisprudencia local como los de la bancada oficialista.

Un capítulo aparte merece el juez responsable del fallo, el Dr. Jorge Ernesto Rodríguez, quien lleva en sus hombros denuncias por causas “armadas”. El mismo magistrado, en declaraciones hechas con motivo de una acusación realizada en su contra (Expediente Nº102/2010), reconoce que en repetidas ocasiones se le hicieron señalamientos similares, y dice que los mismos son "ni más ni menos que la recreación de varias pretéritas delaciones en contra del suscripto, conforme una remanida estrategia de desacreditar a quienes tenemos el honroso deber de administrar justicia". Incluso precisa que quienes tienen "el honroso deber de administrar justicia" suelen sufrir esta suerte de persecución sobre todo cuando "tienen asiento en Morón”. “Ese modus operandi de denunciar a los magistrados federales que tienen asiento en Morón no es novedoso sino que viene de larga data". Por supuesto, todas estas imputaciones al magistrado acabaron por ser desestimadas, como suele suceder.

            Finalmente, llama también la atención que el intendente haya convocado a una conferencia de prensa para dar a conocer el fallo judicial exactamente el mismo día en que la CPM se presentó en Merlo para realizar una reunión en la sede de SUTEBA y tratar este tema. Sobre todo cuando el fallo es del día 4 de Julio y la reunión y la conferencia de prensa se realizaron el día 23 de Julio. Esto nos invita a reflexionar: ¿la maniobra política que Othacehé atribuye a la CPM, no es en realidad llevada a cabo por parte del mismo intendente? Un interrogante que brinda mas respuestas que dudas.

El fallo. Para agrandar, hacer click en la imagen.




martes, 31 de julio de 2012

Programa de radio de la CPM del domingo 29 de julio de 2012

A pedido de nuestros lectores, aquí les dejamos un link desde el cual podrán bajar el programa completo que se pasó por Radio Nacional AM 870 el domingo 29 de julio de 2012 a las 21.30hs, en el cual la Comisión Provincial por la Memoria habló de la situación de los Derechos Humanos en Merlo


lunes, 30 de julio de 2012

Perez Esquivel: "La democracia no se regala, se construye" (Onde Ida)

Interesante nota publicada por los periodistas de "Once Ida", programa radial de FM En Tránsito. Aquí se describe nuevamente la sesión de la CPM en Merlo el lunes 23 de julio, pero además se comentan algunas de las intervenciones de las personas que nos acompañaron ese día, como ser Victoria Donda y Laura Conte. "Once Ida" hizo un programa sobre Merlo el pasado sábado 28 de julio. Les agradecemos por ayudar a crear conciencia sobre la situación de nuestra localidad.

Enlace: http://once-ida.blogspot.com.ar/2012/07/perez-esquivel-la-democracia-no-se.html


jueves, 26 de julio de 2012


Pérez Esquivel: "La democracia no se regala, se construye"


La Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires (CPM) se reunió con más de 30 organizaciones sociales, políticas, religiosas y de derechos humanos de Merlo, quienes denunciaron la situación que vive el distrito a raíz de la política de hostigamiento y persecución a militantes sociales y políticos por parte del gobierno municipal, cuya figura política representativa es, desde hace 21 años, el intendente Raúl Othacehé.

En el encuentro, se anunció la creación de una Comisión por la Memoria, la Verdad y la Jusiticia en el distrito. La reunión contó con la presencia del Premio Nobel de la Paz y co-presidente de la CPM, Adolfo Pérez Esquivel, la vicepresidente de la CPM y Madre de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, Laura Conte, el también vicepresidente y obispo metodista Aldo Etchegoyen y la invitación especial de Nora Cortiñas, cofundadora de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora.

El disparador del encuentro que se llevó a cabo en un local de SUTEBA, en Merlo, fue la demolición el pasado 18 de abril de un ex centro clandestino de detención y tortura de la última dictadura cívico-militar. Se trata de la Comisaría de Libertad, edificio situado en Eva Perón 1221, tipificado por el informe de la Conadep como centro clandestino de detención a cargo de la Fuerza Aérea.

“Que se haya avanzado en la en la destrucción de un centro clandestino es un hecho grave. Pero no es grave solamente para Merlo, es grave para la Argentina”, expresó el secretario ejecutivo de la CPM, Alejandro Mosquera quien además recordó que los centros de detención clandestinos están protegidos por una ley provincial y otra nacional. A su vez, enfatizó que la protección de los mismos “tiene que ver con la memoria colectiva de los argentinos en la lucha por afianzar un criterio de avanzar hacia una democracia más cualitativa, más profunda y para recordar lo que ha significado el terrorismo de estado".

Por su parte, el Premio Nobel de la Paz manifestó su profunda preocupación por la destrucción del Centro de la Memoria y agregó: “Los que estaban no se fueron. Siguen estando, así que cuidado con esto. La democracia no se regala, se construye. Los espacios democráticos son espacios a construir. Creo que es un momento de reflexión y esta reflexión que nos lleve a la unidad y a un trabajo en conjunto”.

A su turno, Aldo Etchegoyen manifestó su repudio a la gestión del intendente del distrito: “Si, es grave la destrucción de un ex centro clandestino, pero también es sumamente grave el autoritarismo impune de un intendente. Es inconcebible”.

Las diferentes agrupaciones presentes en la reunión enumeraron sus gestiones, que fueron muchas, pero que englobaron un fin común: que se respeten los derechos de los ciudadanos en Merlo y que el miedo no paralice el accionar de los ciudadanos del distrito. Un objetivo que en 2012, a 29 años de la vuelta de la democracia, podría sonar “anticuado” pero que es tema de debate y lucha en las organizaciones que a pesar de los incontables obstáculos, siguen apostando por la democracia.

En el debate de la Comisión que duró más de dos horas, expresiones tales como “manipulación de la opinión pública”, “aprietes”, “terror”, “sistema de control”, “miedo” se hicieron escuchar junto con un informe escrito en el cual se detalla cientos de casos denunciados por vecinos del partido.

Adolfo Pérez Esquivel expresó: “Este informe es más propio de la dictadura que de un gobierno democrático”. El Premio Nobel de la Paz llamó a la reflexión y propuso tratar “en profundidad” el caso para no quedarse en los defectos. En este sentido, expresó: “una de las cosas más preocupantes en todo esto es que Othacehé y quienes lo acompañan son parte del partido justicialista. El Gobierno Nacional plantea una política de Derechos Humanos. Othacehé es parte del Gobierno”.

La diputada nacional del Frente Amplio Progresista (FAP), Victoria Donda, luego de señalar que el caso de Merlo fue llevado al Congreso Nacional previamente y no hubo respuesta por parte de la Justicia, reveló que se puso en marcha un informe desde el equipo de trabajo que integra la Comisión de Derechos Humanos para evaluar la oportunidad y el mérito de elevarlo a una instancia internacional.

"Hay que seguir una vía internacional. Si hay algo que hemos aprendido en lamentables experiencias pasadas que estamos comparando con ésta, la experiencia de la dictadura, es que cuando la Justicia no da respuesta en Argentina es bueno ponerlo de manifiesto internacionalmente”, manifestó Donda.

Al finalizar la reunión quedó por escrito un documento en el que uno de los puntos se detalla la creación de una Comisión por la Memoria, la Verdad y la Jusiticia en el distrito. La promesa de todos los allí presentes de no bajar los brazos, siguió vigente y con más fuerza.

Laura Conte apuntó: “Los que cambiaron el país fueron los principios y valores sociales de nuestros hijos y esos están todos acá. En cada corazón que veo, en cada mente y en cada esfuerzo. A mi me parece que lo que están haciendo acá no es denuncia... están construyendo la democracia”

¿Qué detalla el documento surgido de la reunión?

Los puntos sobresalientes del documento que dieron a conocer luego de la reunión fueron los siguientes:

    • Rechazar la destrucción del ex centro clandestino de detención, ubicado en Eva Perón 1221 de Merlo, que fue parcialmente destruido el 18 de abril pasado, desconociendo la legislación nacional y provincial que obliga a las autoridades a preservarlos como espacios de memoria.
    • Rechazar el autoritarismo, las persecuciones y amenazas impulsadas desde el gobierno municipal de Merlo, y señalar la contradicción entre el umbral común que construimos los argentinos respecto de la vigencia plena de los derechos humanos y la situación que se vive en el municipio de Merlo.
    • Constituir una comisión por la memoria, la verdad y la justicia de Merlo, que comenzará a funcionar a la brevedad.
    • La CPM se comprometió a estudiar las denuncias recibidas y a proponer los mecanismos adecuados para presentarlas ante la justicia y la legislatura provincial.
    • Se resolvió preservar y señalizar como sitio de memoria el lugar donde funcionó el centro clandestino que se destruyó parcialmente, así como la marcación de otros sitios de memoria rescatando la lucha y la memoria de los más de 80 desaparecidos de Merlo.
    • Realizar una jornada de concientización del significado del ex CCD para Merlo y para el país.
    • Finalmente, el documento concluye con la decisión de trabajar en conjunto entre las organizaciones populares de Merlo y la CPM por la plena vigencia de los derechos humanos.

      miércoles, 25 de julio de 2012

      Denuncian al intendente de Merlo (El Día)

      Esta nota fue publicada por El Día el lunes 23 de Julio explicando el motivo de la visita que ese mismo día la CPM realizó a Merlo.




      Denuncian al intendente de Merlo por la destrucción de un “sitio de la memoria” 

      El Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel encabezará hoy en el distrito de Merlo una reunión de la Comisión por la Memoria de la Provincia (CMP) en la que se denunciará la demolición parcial de un sitio en el que se cometieron torturas y detenciones ilegales durante la última dictadura militar.

      Al encuentro asistirán, además, militantes de organizaciones sociales y políticas locales.

      Según la denuncia, hecha pública en un comunicado de prensa, el 18 de abril pasado una cuadrilla del municipio comenzó a demoler un edificio que fue tipificado por el Informe de la Conadep como centro clandestino de detención a cargo de la Fuerza Aérea.

      La CPM reclamó en la Justicia que por el hecho se investigue al intendente local, el justicialista Raúl Otacehé, quien por su parte desestimó las acusaciones al plantear que se trataban de maniobras políticas por parte del organismo de Derechos Humanos.

      El juez federal Daniel Rafecas había dispuesto en su momento que el inmueble aún constituye prueba en una causa que investiga los delitos de lesa humanidad ocurridos en ese ex centro de detención.

      La Comisión resaltó que la demolición parcial del lugar podría encuadrarse en los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público del jefe comunal, al decidir una orden contraria a la legislación vigente de preservación de sitios de memoria.

      “La respuesta del intendente fue una declaración difamatoria aprobada por el Concejo repudiando la acción de la CPM y acusándola de ser parte de una maniobra de política interna en el distrito”, se explicó desde el organismo.

      Crearán una Comisión por la Memoria en Merlo (Nova)



      La Agencia Nova publicó el lunes 23 de Julio de 2012 esta nota en la que se refiere a la sesión que realizó la CPM en Merlo ese mismo día.


      Enlace: http://www.agencianova.com/nota.asp?n=2012_7_23&id=32601&id_tiponota=10

      Violación a los DDHH
      Crearán una Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia en Merlo
      Piden que se preserve un sitio de memoria en Merlo.







      La Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires (CPM) se reunió con más de 30 organizaciones sociales, políticas, religiosas y de derechos humanos de Merlo, quienes le relataron pormenores de la grave situación que están viviendo a raíz de la política de hostigamiento y persecución a militantes sociales y políticos por parte del gobierno municipal.



      Durante la reunión, que se realizó en un local de SUTEBA y duró más de dos horas, le entregaron a la delegación de la CPM una carpeta con documentación que detalla diferentes hechos que dan cuenta de graves violaciones a los derechos humanos.



      En este sentido, cabe recordar que hace dos meses la CPM presentó una denuncia penal contra el intendente de Merlo, Raúl Othacehe, por la demolición parcial de un edificio situado en Eva Perón 1221, que fue tipificado por el informe de la CONADEP como centro clandestino de detención a cargo de la Fuerza Aérea.



      Finalmente se redactó un documento que, entre otras medidas, impulsa la creación de la Comisión por la memoria, la verdad y la justicia de Merlo, y avanza en un trabajo conjunto de señalización de los lugares en los que funcionaron centros clandestinos.



      Los puntos sobresalientes del documento que dieron a conocer luego de la reunión fueron los siguientes:



      - Rechazar la destrucción del ex centro clandestino de detención, ubicado en Eva Perón 1221 de Merlo, que fue parcialmente destruido el 18 de abril pasado, desconociendo la legislación nacional y provincial que obliga a las autoridades a preservarlos como espacios de memoria.



      - Rechazar el autoritarismo, las persecuciones y amenazas impulsadas desde el gobierno municipal de Merlo, y señalar la contradicción entre el umbral común que construimos los argentinos respecto de la vigencia plena de los derechos humanos y la situación que se vive en el municipio de Merlo.



      - Constituir la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Merlo, que comenzará a funcionar a la brevedad.



      - La CPM se comprometió a estudiar las denuncias recibidas y a proponer los mecanismos adecuados para presentarlas ante la justicia y la legislatura provincial.



      - Se resolvió preservar y señalizar como sitio de memoria el lugar donde funcionó el centro clandestino que se destruyó parcialmente, así como la marcación de otros sitios de memoria rescatando la lucha y la memoria de los más de 80 desaparecidos de Merlo.



      - Realizar una jornada de concientización del significado del ex CCD para Merlo y para el país.



      - Finalmente, el documento concluye con la decisión de trabajar en conjunto entre las organizaciones populares de Merlo y la CPM por la plena vigencia de los derechos humanos.



      Participaron del encuentro, por la CPM Adolfo Pérez Esquivel (co presidente)Laura Conte y Aldo Etchegoyen (vicepresidentes), Mauricio Tenembaum(secretario), Alejandro Mosquera (secretario ejecutivo) y Sandra Raggio,directora general de promoción y transmisión de la Memoria.



      Las organizaciones de Merlo que participaron fueron el Espacio por la democracia –integrado por organizaciones políticas, sociales, gremiales y estudiantiles-, la Pastoral Social, la CTA Merlo-Moreno, familiares de desaparecidos, los concejalesMarcela Maidana, Patricia Alvez y Juan Leguizamón (nuevo encuentro), y Horacio Cepeda de Libres del Sur y docentes del Programa Jóvenes y Memoria.



      También acompañaron Nora Cortiñas (Madres Línea fundadora), la diputada nacional Victoria Donda, Pablo Pimentel (APDH La Matanza), y otras organizaciones sociales y de derechos humanos como HIJOS Capital, la Asociación de familiares de detenidos en cárceles federales y la Liga argentina por los derechos humanos.

      martes, 24 de julio de 2012

      Memoria, verdad y justicia en Merlo (Marcha)

      Esta nota se publicó hoy Martes 24 de Julio en Marcha.org. Allí, el corresponsal de Marcha en zona oeste describe la sesión de la Comisión Provincial por la Memoria en Merlo y la reacción de la prensa local.


      Enlace:  http://www.marcha.org.ar/1/index.php/nacionales/96-ddhh/1670-por-memoria-verdad-y-justicia-en-merlo 

      Por memoria, verdad y justicia en Merlo


      Por Jonathan Domínguez. La Comisión Provincial por la Memoria sesionó en el partido de Merlo, que gobierna Raúl Othacehe, por las reiteradas denuncias hacia el accionar municipal. Se creará un organismo municipal por memoria, verdad y justicia.


      La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que entre otros miembros cuenta con Adolfo Pérez Esquivel como copresidente, sesionó en la sede de Suteba Merlo con más de 30 organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos del distrito y aledaños. La visita fue a raíz de la denuncia que la CPM hizo a la intendencia por derribar la comisaría de la localidad de Libertad, tipificada en el archivo de la CONADEP como ex centro clandestino de detención y sobre la cual pesaba una orden del juez Daniel Rafecas de no innovar sobre el inmueble, y que fue contestada por parte del intendente municipal como una “maniobra de total y absoluta bajeza política”, refiriéndose a los comisionados y desconociendo sus deberes como funcionario publico.

      Fruto de la sesión y como principal novedad fue acordar entre la CPM y las organizaciones presentes una comisión por la memoria, verdad y justicia municipal que comenzará a funcionar a la brevedad. Acompañaron la actividad, entre otros, Nora Cortiñas (Madres línea fundadora), la diputada nacional Victoria Donda (Frente Amplio Progresista), Aldo Echegoyen (APDH), la agrupación H.I.J.O.S Capital, la CTA Merlo-Moreno y demás invitados.

      Por su parte, el Espacio por la Democracia en Merlo (multisectorial conformada por Libres del Sur, Frente Popular Darío Santillán, FOL, Nuevo Encuentro, entre otras) hizo entrega a la comisión de una carpeta con numerosos casos de denuncias por persecución y difamación de parte del municipio encabezado hace más de veinte años por el vitalicio Raúl Othacehe (FPV-PJ), uno de los más emblemáticos (y no menos siniestros) barones del conurbano. La CPM se comprometió a estudiar dichas denuncias y señalar mecanismos adecuados para presentarlas a la justicia y a la legislatura provincial. En esas fojas constan de los más variopintos casos en materia de persecución contra referentes políticos, sociales, religiosos y vecinos de a pie a los que la intendencia, valiéndose de un vasto aparato represivo, aleccionó porque, de alguna manera, se atrevieron a cuestionar su hegemonía.

      También se acordó entre la comisión y los organismos presentes señalar la flagrante contradicción que existe entre las políticas implementadas en materia de derechos humanos a nivel nacional y la situación en Merlo, teniendo en cuenta que la intendencia pertenece al mismo espacio político que el gobierno nacional y, varias veces, Cristina Fernández y lo mas granado de su gabinete (como Amado Boudou o Juan Manuel Abal Medina) visitaron el municipio felicitando al intendente Othacehé por su gestión y señalándolo como uno de los baluartes de lealtad hacia el modelo. También quedó en agenda realizar un mapeo de los centros de clandestinos de detención que funcionaron en el distrito, señalizándolos y preservándolos, para que la sociedad merlense dé cuenta de los más de 80 desaparecidos que se registraron en el partido y realizar una jornada de concientización del significado de los ex Centros Clandestinos de Detención, tarea que la intendencia, en su afán negacionista, no acostumbra a realizar.

      Un párrafo aparte merece la actitud de los medios locales, todos afines al municipio, en la rueda de prensa posterior a la actividad. Con presencia ampliamente predominante en la conferencia, corrieron el eje de las preguntas intentando poner en boca del premio Nobel de la paz que este se oponía a que los vecinos de la zona se deshagan de ese “nido de ratas” (en alusión a la comisaría derribada) y acusándolo de “antidemocrático”, cuando Pérez Esquivel trataba de responder varias preguntas en simultaneo, ya que los periodistas no contaban con la información necesaria para formular sus interrogantes. No obstante, ante el asombro y algunas risas de los presentes, Pérez Esquivel contestó todas las preguntas que formularon de manera desordenada (e irrespetuosa) los cronistas del filo-othacehismo.

      Crean una comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia en Merlo



      23 de Julio
      Denuncian graves violaciones a los DDHH en Merlo
      CREAN UNA COMISION POR LA MEMORIA, LA VERDAD Y LA JUSTICIA

      La Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires (CPM) se reunió con más de 30 organizaciones sociales, políticas, religiosas y de derechos humanos de Merlo, quienes le relataron pormenores de la grave situación que están viviendo a raíz de la política de hostigamiento y persecución a militantes sociales y políticos por parte del gobierno municipal.

      Durante la reunión, que se realizó en un local de SUTEBA y duró más de dos horas, le entregaron a la delegación de la CPM - integrada por su co presidente Adolfo Pérez Esquivel,  Laura Conte y Aldo Etchegoyen (vicepresidentes), Mauricio Tenembaum (secretario), Alejandro Mosquera (secretario ejecutivo) y Sandra Raggio, directora general de promoción y transmisión de la Memoria- una carpeta con documentación que detalla diferentes hechos que dan cuenta de estas graves violaciones a los derechos humanos. Recordamos que hace dos meses la CPM presentó una denuncia penal contra el intendente de Merlo, Raúl Othacehe, por la demolición parcial de un edificio situado en Eva Perón 1221, que fue tipificado por el informe de la CONADEP como centro clandestino de detención a cargo de la Fuerza Aérea.
      Finalmente se redactó un documento que, entre otras medidas, impulsa la creación de la Comisión por la memoria, la verdad y la justicia de Merlo, y avanza en un trabajo conjunto de señalización de los lugares en los que funcionaron centros clandestinos.




      El documento

      Los puntos sobresalientes del documento que dieron a conocer luego de la reunión fueron los siguientes:

      -          Rechazar  la destrucción del ex centro clandestino de detención, ubicado en Eva Perón 1221 de Merlo, que fue parcialmente destruido el 18 de abril pasado, desconociendo la legislación nacional y provincial que obliga a las autoridades a preservarlos como espacios de memoria.
      -          Rechazar el autoritarismo, las persecuciones y amenazas impulsadas desde el gobierno municipal de Merlo, y señalar la contradicción entre el umbral común que construimos los argentinos respecto de la vigencia plena de los derechos humanos y la situación que se vive en el municipio de Merlo.
      -          Constituir la Comisión por la Memoria, la verdad y la justicia de Merlo, que comenzará a funcionar a la brevedad.
      -          La CPM se comprometió a estudiar las denuncias recibidas y a proponer los mecanismos adecuados para presentarlas ante la justicia y  la legislatura provincial.
      -          Se resolvió preservar y señalizar como sitio de memoria el lugar donde funcionó el centro clandestino que se destruyó parcialmente, así como la marcación de otros sitios de memoria rescatando la lucha y la memoria de los más de 80 desaparecidos de Merlo.
      -          Realizar una jornada de concientización del significado del ex CCD  para Merlo y para el país.
      -          Finalmente, el documento concluye con la decisión de trabajar en conjunto entre las organizaciones populares de Merlo y la CPM por la plena vigencia de los derechos humanos.




      Participaron del encuentro, por la CPM Adolfo Pérez Esquivel (co presidente) Laura Conte y Aldo Etchegoyen (vicepresidentes), Mauricio Tenembaum (secretario), Alejandro Mosquera (secretario ejecutivo) y Sandra Raggio, directora general de promoción y transmisión de la Memoria. Las organizaciones de Merlo que participaron fueron el Espacio por la democracia –integrado por organizaciones políticas, sociales, gremiales y estudiantiles-, la Pastoral Social, la CTA Merlo-Moreno, familiares de desaparecidos,  los concejales Marcela Maidana , Patricia Alvez y Juan Leguizamón (Nuevo Encuentro), y Horacio Cepeda de Libres del Sur y docentes del Programa Jóvenes y Memoria. También acompañaron Nora Cortiñas (Madres Línea fundadora), la diputada nacional Victoria Donda, Pablo Pimentel (APDH La Matanza), y otras organizaciones sociales y de derechos humanos como HIJOS Capital, la Asociación de familiares de detenidos en cárceles federales y la Liga argentina por los derechos humanos.


      sábado, 21 de julio de 2012

      El Espacio adhiere a la actividad propuesta por la CPM


      Comisión Provincial por la Memoria en Merlo





      Desde el Espacio por la Democracia en Merlo adherimos a la sesión que realizará la Comisión Provincial por la Memoria, que entre otros componentes, cuenta con el premio Nobel de la paz Adolfo Pérez Esquivel. Dicho evento tendrá lugar el lunes 23 de julio a las 12 hs en la sede de Suteba, ubicada en la calle 1º de Mayo 252, partido de Merlo.



      Esta instancia tiene el compromiso de dar a conocer y trabajar conjuntamente con los comisionados sobre las violaciones, tanto a los derechos cívicos más elementales como a las normativas vigentes a nivel nacional en materia de derechos humanos en que incurre la intendencia.  Hacemos extensiva la invitación tanto a partidos políticos como a movimientos sociales y organizaciones de derechos humanos comprometidos con el afán de generar un marco democrático de mayor participación y de respeto a las garantías democráticas en el partido de Merlo



             
      Espacio por la Democracia en Merlo
                    

      Facebook: EXIGIMOS QUE EN MERLO SE RESPETE LA DEMOCRACIA!

      miércoles, 30 de mayo de 2012

      La denuncia contra Othacehé (Página/12 y otros)

      Recientemente fueron publicadas varias notas sobre la denuncia que la Comisión Provincial por la Memoria realizó en el día de ayer, 28 de Mayo de 2012, contra el intendente Raúl Othacehé por la demolición de la ex Comisaría 2ª de Libertad. A continuación, reproducimos tres de esas notas.




      Página/12
      La denuncia contra Othacehé

      La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentará hoy una denuncia contra el intendente de Merlo, Raúl Othacehé, por destruir “buena parte del edificio donde funcionó un centro clandestino de detención”, explicaron miembros del organismo a través de un comunicado. La denuncia, que será presentada ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 3, apunta a Othacehé como responsable de una violación de los deberes de funcionario público. El 18 de abril, un equipo de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos del municipio a su cargo “destruyó parte del edificio” situado en Eva Perón 1221, tipificado como Centro Clandestino de Detención por el Informe de la Conadep en 1984. “Este acto vandálico incumplió con las normativas vigentes provinciales y nacionales que indican preservar como espacios de la memoria aquellos sitios donde imperó el horror.” El copresidente de la CPM; Hugo Cañón su secretario ejecutivo, Alejandro Mosquera, y Aldo Etchegoyen buscan que la Justicia “investigue y condene al intendente por abuso de autoridad e incumplimiento de sus deberes, al dictar una orden contraria a la legislación vigente” y por “haber incurrido en la desobediencia a una disposición del juez Daniel Rafecas”, a cargo del Juzgado Nº 3, quien había determinado no innovar sobre el inmueble modificado en el marco de una causa vinculada con los delitos de lesa humanidad ocurridos allí, menciona el comunicado.



      Alejandro Mosquera
      LA CPM PRESENTÓ UNA DENUNCIA CONTRA RAUL OTHACEHÉ
      POR DESOBEDIENCIA DE UNA ORDEN JUDICIAL, ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE FUNCIONARIO PÚBLICO

      Este mediodía la CPM, representada por su copresidente Dr. Hugo Cañón, su Secretario Ejecutivo Alejandro Mosquera, y Aldo Etchegoyen con el patrocinio de los abogados Roberto Cipriano y Juan Manuel Combi y Sandra Raggio como testigo, presentó una denuncia penal ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 3 a cargo del Dr. Daniel Rafecas contra el intendente de Merlo, Raúl Othacehé, por violación de los deberes de funcionario público. Se trata de la destrucción de buena parte del edificio donde funcionó un Centro Clandestino de Detención y que estuvo bajo el control de la Fuerza Aérea Argentina durante la última dictadura cívico militar.

      El Dr. Rafecas atendió a la comitiva de la CPM en su despacho y recibió la denuncia. Luego, se comprometió a investigar el tema y tomar cartas en el asunto conforme a derecho.El 18 de abril un equipo de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos de la municipalidad de Merlo destruyó parte del edificio situado en Eva Perón 1221. Así se incumplió con las normativas vigentes provinciales y nacionales que indican preservar como espacios de la memoria aquellos sitios donde imperó el horror. Este había sido tipificado como Centro Clandestino de Detención por el Informe de la Conadep en 1984.

      En este sentido, la CPM intervino judicialmente con el objetivo de que se investigue y condene al Intendente por sudesobediencia a una orden judicial dictada por el mismo Juez Rafecas competente en al causa, que disponía no innovar sobre el inmueble que aun constituye prueba en la causa donde se investiga los delitos de lesa humanidad ocurridos en ese ex CCDT. También por abuso de autoridad e incumplimiento de sus deberes de funcionario publico, al dictar una orden contraria a la legislación vigente de preservación de sitios de memoria (ley nacional 26.691 y ley provincial 13.584.).

      La decisión del Intendente de Merlo Othacehé de destruir este espacio de la memoria aun cuando lo impedía una resolución de un juez federal va en contra de las políticas de memoria y de justicia que fueron reclamadas por los organismos de DDHH durante años, pero que hoy ya son parte de la vida de todos los argentinos/as.

      Las políticas de preservación de sitios donde ocurrieron delitos de lesa humanidad remiten a los lineamientos del Estado nacional, provincial y responden a consensos universales. La protección de las huellas materiales de hechos humillantes a la condición humana no sólo busca preservar la prueba positiva de los delitos ocurridos sino también contiene un fuerte sentido pedagógico y reparador del daño orientado a quienes lo padecieron y a las futuras generaciones. Está extensamente corroborado que los regímenes autoritarios que asolaron el siglo XX, en su pretendido dominio de la sociedad intentaron controlar el relato de los hechos, destruyendo y ocultando las evidencias de los efectos de su violencia. La desaparición de los cuerpos de sus víctimas, la destrucción u ocultamiento de documentos probatorios, el silenciamiento, la persecución y eliminación de los denunciantes han sido estrategias para imponer el olvido, comunes a los perpetradores de múltiples genocidios. La ruptura de la transmisión ha sido parte del proyecto de exterminio y se perpetúa en el presente en el silencio y el negacionismo que aún persiste en los perpetradores y quienes legitiman sus actos. El Estado democrático tiene hoy el deber de confrontar con estas continuidades, legitimar la palabra de las víctimas, condenar a los victimarios y preservar las huellas materiales. Los sitios de memoria adquieren así un valor simbólico que repone lo negado y evidencia el crimen. La destrucción de su materialidad tiene por tanto un fuerte impacto en el plano de lo simbólico inscribiéndose en el marco del proyecto de exterminio. He aquí también la gravedad de los hechos.

      De esta manera, la CPM proclama que se cumplan las normativas vigentes que aportan a la construcción de la memoria colectiva, y sean sancionadas las conductas que vulneran la política de estado en materia de derechos humanos.



      Diario Rumbosur
      Denuncian a Othacehé, por violación de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad e incumplimiento de sus deberes de funcionario publico

      El Municipio de Merlo destruyó parte de un edificio que estaba señalado como sitio de memoria.


      00:43 | El lunes 28 de mayo la CPM, representada por su copresidente Dr. Hugo Cañón, su Secretario Ejecutivo Alejandro Mosquera y Aldo Etchegoyen con el patrocinio de los abogados Roberto Cipriano y Juan Manuel Combi , efectuará una denuncia penal ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 3 a cargo del Dr. Daniel Rafecas contra el intendente de Merlo, Raúl Othacehé, por violación de los deberes de funcionario público. Se trata de la destrucción de buena parte del edificio donde funcionó un Centro Clandestino de Detención y que estuvo bajo el control de la Fuerza Aérea Argentina durante la última dictadura cívico militar.

      El 18 de abril un equipo de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos de la municipalidad de Merlo destruyó parte del edificio. Este acto vandálico incumplió con las normativas vigentes provinciales y nacionales que indican preservar como espacios de la memoria aquellos sitios donde imperó el horror. El edificio, situado en Eva Perón 1221 fue tipificado como Centro Clandestino de Detención por el Informe de la Conadep en el año 1984.

      En este sentido, la CPM interviene judicialmente con el objetivo de que se investigue y condene al Intendente por su desobediencia a una orden judicial dictada por juez Rafecas competente en al causa, que disponía no innovar sobre el inmueble que aun constituye prueba en la causa donde se investiga los delitos de lesa humanidad ocurridos en ese ex CCDT. También por abuso de autoridad e incumplimiento de sus deberes de funcionario publico, al dictar una orden contraria a la legislación vigente de preservación de sitios de memoria (ley nacional 26.691 y ley provincial 13.584.).

      Las políticas de preservación de sitios donde ocurrieron delitos de lesa humanidad remiten a los lineamientos del Estado nacional, provincial y responden a consensos universales. La protección de las huellas materiales de hechos humillantes a la condición humana no sólo busca preservar la prueba positiva de los delitos ocurridos sino también contiene un fuerte sentido pedagógico y reparador del daño orientado a quienes lo padecieron y a las futuras generaciones. Está extensamente corroborado que los regímenes autoritarios que asolaron el siglo XX, en su pretendido dominio de la sociedad intentaron controlar el relato de los hechos, destruyendo y ocultando las evidencias de los efectos de su violencia. La desaparición de los cuerpos de sus víctimas, la destrucción u ocultamiento de documentos probatorios, el silenciamiento, la persecución y eliminación de los denunciantes han sido estrategias para imponer el olvido, comunes a los perpetradores de múltiples genocidios. La ruptura de la transmisión ha sido parte del proyecto de exterminio y se perpetúa en el presente en el silencio y el negacionismo que aún persiste en los perpetradores y quienes legitiman sus actos. El Estado democrático tiene hoy el deber de confrontar con estas continuidades, legitimar la palabra de las víctimas, condenar a los victimarios y preservar las huellas materiales. Los sitios de memoria adquieren así un valor simbólico que repone lo negado y evidencia el crimen. La destrucción de su materialidad tiene por tanto un fuerte impacto en el plano de lo simbólico inscribiéndose en el marco del proyecto de exterminio. He aquí también la gravedad de los hechos.

      De esta manera, la CPM proclama que se cumplan las normativas vigentes que aportan a la construcción de la memoria colectiva, y sean sancionadas las conductas que vulneran la política de estado en materia de derechos humanos.