DEBIERON FRENAR LOS TRABAJOS
Demolieron ex comisaría que está siendo investigada
Se trata del viejo edificio de la comisaría 2ª, sospechada de haber funcionado como centro clandestino de detención. A pesar de que una medida judicial prohibía la intervención sobre el edificio, el Municipio derrumbó gran parte de la construcción.
Por Melisa Marturano
Luego de que las leyes de Obediencia Debida y Punto Final fueran declaradas nulas en agosto de 2003, se abrieron distintas causas relacionadas con los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura.
Esa medida habilitó la concreción de distintos juicios y la condena a militares y policías que actuaron durante esos años.
En ese contexto, también se reabrieron investigaciones relacionadas con lugares que, a partir de 1976, funcionaron como centros clandestinos de detención. El antiguo edificio de la vieja comisaría 2ª de Merlo, ubicado en Eva Perón 1.221, en Libertad, es uno de esos lugares que ya había sido identificado en el informe que la Comisión Nacional por la Desaparición de Personas publicó en 1984 bajo el título Nunca Más. De hecho, el lugar forma parte de la investigación que se está realizando en el marco de la causa 7.273/2006, dependiente del Juzgado Federal Nº 3, a cargo del juez Eduardo Rafecas.
Sin embargo, el pasado miércoles 18, personal de la secretaría de Obras Públicas local demolió gran parte de la construcción y encendió la polémica.
Daño irreparable
Según un comunicado que emitió el Ejecutivo, el objetivo de la demolición era “satisfacer una demanda de la población”. La versión oficial aseguraba que el Municipio actuó “por pedido de los vecinos” dado que “el lugar se encontraba abandonado y presentaba un enorme deterioro”.
Pero, más allá de esas justificaciones, la orden judicial establecía la obligación de preservar ese espacio. Cuando algunos vecinos se enteraron de la demolición, recurrieron a concejales opositores, como Patricia Álvez y Juan Leguizamón, de Nuevo Encuentro, quienes se acercaron al lugar con una copia del escrito de Rafecas para evitar la destrucción del edificio.
A pesar de esa evidencia, los empleados continuaron con su trabajo. Horas después, cuando desde el palacio municipal aceptaron acatar la medida judicial, los tres camiones y las dos retroexcavadoras con que se estaban realizando los trabajos ya habían demolido dos tercios de la ex comisaría.
De acuerdo al relato oficial, “cuando las tareas estaban siendo desarrolladas, un grupo de personas presentó una nota de un juez federal por una causa muy antigua relativa a la dictadura militar, de la que no se tenía conocimiento”.
No obstante, los ediles que intervinieron denunciaron que los empleados “desestimaron el escrito y prosiguieron con la obra pese a las advertencias”. De acuerdo a su versión, la demolición solo paró cuando, desde el juzgado a cargo de la causa, “ordenaron la presencia de la Policía Federal para detener la demolición”.
Un día después, durante la última sesión del HCD, el bloque Nuevo Encuentro intentó presentar un proyecto de resolución para proteger lo que queda de la vieja comisaría y repudiar la demolición, aunque, una vez más, el escándalo se convirtió en el protagonista de la jornada.
“Nos parece imposible que un intendente que se embandera con las prácticas que lleva adelante Cristina Fernández, quien pondera los derechos humanos, haga todo lo contrario a lo que hace el gobierno nacional”, criticó Álvez, en diálogo con El1. Más allá de los entredichos, lo cierto es que, en ese espacio, ya no podrá reconstruirse la memoria colectiva.
Sesión polémica
Tras el temporal, el oficialismo señaló a líderes opositores como instigadores de los focos de protesta que se organizaron en distintos barrios del Distrito.
Pero la situación se agravó durante la última sesión del HCD, cuando el edil oficialista Esteban Díaz acusó a los concejales de Nuevo Encuentro (NE) y a Horacio Cepeda, de Libres del Sur, de obstruir la ayuda municipal. Álvez explicó a este medio que, “en medio del debate, personas de actitud patoteril empezaron a gritar e insultar cuando nuestros concejales tomaron la palabra”.
En ese momento, representantes del oficialismo se percataron de que NE estaba filmando la sesión y, así, comenzó la violencia. “Esta gente rodeó a un asesor nuestro y empezaron los gritos y empujones porque le querían sacar la cámara”. Tras las agresiones, los ediles se dirigieron a la comisaría 1ª para realizar una denuncia penal.
Fecha de Publicación: 2012-05-01
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