La Secretaría de Obras y Servicios Públicos del intendente Othacehé desoyó la instrucción del Juzgado Nacional N° 3 y arrasó con las dos terceras partes de la Comisaría 2ª Libertad.
Por:
María Sucarrat
El martes 18 de abril, entre las 10 de la mañana y las 12 del mediodía,
un equipo municipal de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos
comenzó, munido de dos retroexcavadoras y tres camiones, a demoler un
edificio ubicado en Eva Perón 1221, en el barrio Libertad de la
localidad de Merlo. No se trata de un edificio cualquiera. El lugar funcionó como un Centro Clandestino de Detención de Personas que estuvo bajo el control de la Fuerza Aérea Argentina durante la época de la última dictadura cívico militar, según consta en el Informe de la CONADEP de 1984. Y lo que es peor, no se trata de un inmueble devenido en museo o en edificio histórico, sino que, en la actualidad, es investigado en la Causa 7273/2006 que depende del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 3, Secretaría N° 6, dependiente del juez federal Daniel Eduardo Rafecas.
Fueron los vecinos quienes esa mañana alertaron a un grupo de concejales del Bloque Nuevo encuentro sobre lo que estaba ocurriendo. Juan Leguizamón, Marcela Maidana y Patricia Álvarez llegaron hasta el lugar con el escrito firmado por el juez pero los empleados municipales no se detuvieron. Eduardo Aguirre, director de Obras y Servicios Públicos manifestó ante el pedido que le daría a su equipo la orden de detenerse sí y sólo sí se lo informara el secretario de Obras y Servicios Públicos, ingeniero Aníbal Pazo.
Las máquinas continuaron su avanzada contra las paredes del CCD. Y aunque los vecinos se interpusieron entre las retroexcavadoras y los muros, los empleados se detuvieron cuando llegó la Policía Federal por pedido expreso de la secretaría del Juzgado. Pero fue tarde. Dos tercios del lugar ya habían sido tirados abajo.
La Comisaría 2ª Libertad formó parte del área 163, de la Subzona 16 conformada por los partidos de Merlo, Moreno y Morón (cuando incluía a Hurlingham y a Ituzaingó), perteneciente a la Zona 1, que abarcaba Capital Federal, La Pampa y casi toda la provincia de Buenos Aires. La Zona 1 se encontraba bajo el mando del primer Cuerpo de Ejército aunque la Subzona 16 estaba en manos de la Fuerza Aérea, debido a la existencia de cuatro bases de esa fuerza en la región lo que facilitó las tareas represivas. Allí funcionaron 14 Centros Clandestinos de Detención.
Si bien la demolición en sí no constituye un delito penal, se trata de un desconocimiento grave e injustificado del marco jurídico vigente. La información, según los concejales del bloque Nuevo Encuentro, es de conocimiento público, “no pudiendo ser ajena a ninguna personalidad del arco político local, menos aun cuando lleva más de 20 años de gestión”.
En ese sentido, la Ley provincial 13.584 establece que el “Poder Ejecutivo deberá arbitrar los medios para la preservación de todos los lugares que funcionaron como centros clandestinos de detención durante la última dictada militar”, a lo que se suma el deber de “colocar placas identificatorias en todos los lugares donde funcionaron dichos centros clandestinos de detención en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, en recuerdo de todos los compañeros detenidos desaparecidos que fueron torturados y confinados en ellos”. Además, por el Decreto 600/07, existe autoridad de aplicación: la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, entidad pública dirigida por Sara Derotier de Cobacho, ex funcionaria del gobierno municipal de Raúl Alfredo Othacehé, actual intendente de Merlo.
http://tiempo.infonews.com/2012/04/24/argentina-73848-en-merlo-intentaron-demoler-un-centro-clandestino-de-detencion.php
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