Nota aparecida el 11 de Mayo de 2011 en Investigaciones Rodolfo Walsh.
Particular letrada denunció a Othacehé y al municipio de Merlo ante la CIDH |
Duras acusaciones
Se trata de la Dra. Rosana Beatriz Mattarollo, quien junto a su marido elevó su reclamo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ante diversas extorsiones y presiones por parte de gente muy ligada a la comuna, creen que su único camino es el exilio de ese partido del Conurbano. Aquí, Agencia NOVA reproduce la extensa denuncia dirigida a la máxima autoridad americana, que oportunamente fuera publicada por el sitio Tribuna de Periodistas.
Sres. Comisión Interamericana de Derechos Humanos
S / D
A fin de ilustrar mejor la situación planteada, cuento un poco la intimidad de nuestra vida: yo soy una profesional con 10 años de ejercicio en la zona. Tengo un estudio jurídico en San Antonio de Padua, atendiendo los días lunes, miércoles, viernes y sábados, y los días martes y jueves, atiendo en Capital Federal, siendo mediadora matriculada en el Ministerio de Justicia de la Nación. Disfruto mi labor profesional, ya que siempre estudié mucho, siendo conocida en el Departamento Judicial de Morón, fundamentalmente en el Fuero de Familia, ya que tengo en trámite alrededor de cien expedientes por temas familiares. (...) En el barrio donde vivimos yo soy muy conocida porque mi padre es un médico prestigioso en la zona, porque actualmente yo vivo en la casa que vivió mi abuela, luego mi padre y mi madre, por lo que mi familia lleva en la misma casa más de sesenta años, lo que significa que la gente del barrio me conoce de chica.
(...) Yo había escuchado hablar de cosas que pasaban en Merlo, pero las historias que escuchaba me parecían irreales, exageradas. Había escuchado hablar del ex senador provincial De Arma y de su suicidio en La Plata, prendiéndose fuego; de las persecuciones a Lito Pazos, a Green, de la muerte del hermano del periodista Castelvi (hoy delegado de Human Rights Worldwide en Canadá, exiliado de Merlo), de un abogado de apellido Albornoz, de un Consejero Escolar fallecido al regresar de La Plata tras haber realizado denuncias de Merlo en “dudosas circunstancias”, de cosas que le pasaran a cualquiera que hiciera críticas públicas o que intentara realizar trabajos sociales sin relación con el Municipio; todas cosas que, según sus víctimas, tenían el sello de gente relacionada al Municipio (es decir, el mismo modus operandi: armados de causas, afiches pegados por todo Merlo ensuciando a la gente). Pero nunca hasta el año 2004 había tenido casos, profesionalmente hablando, de esta naturaleza. Además, parecía que la cuestión pasaba por no meterse en política. Y a mi la política jamás me interesó.
Entre los abogados del Departamento Judicial de Morón, si había escuchado que nadie quería tomar las causas relacionadas con Merlo, ya que era “un suicidio” (sic). Los comentarios eran “es una mafia”, a otros colegas los amedrentaron y terminaron cediendo.
A fines del 2003 comenzaron a presentarse en mi estudio distintos casos, donde se veía claramente que había cosas “no claras” tanto desde el accionar de la policía local como de la Fiscalía General de Morón. En general se trataba de gente de pocos recursos, cansada de recorrer abogados que no tomaban sus reclamos porque tenían miedo. Al principio pensé, en relación al Poder Judicial, que se debía al cúmulo de tareas, a cierta confianza en el accionar policial, etc. De a poco me fui dando cuenta de que no era así. Mucha gente que venía al estudio me decía que en Merlo, en comisaría, no le querían tomar ciertas denuncias, y si las tomaban, no ponían en las mismas lo que ellos relataban, o les decían que “eso no es delito”. Casualmente, todas esas denuncias tenían que ver con personas relacionadas tanto a la Municipalidad de Merlo como a la policía local. Cuando yo como profesional recomendaba que se dirigieran directamente a la Fiscalía de Morón, se encontraban con que tampoco querían tomar esas denuncias, o que si las tomaban, jamás se acumulaban con otras denuncias ya existentes contra las mismas personas, o se archivaban inmediatamente, o dormían el sueño de los justos.
En el mes de marzo de 2004, sufrí mi primera intervención quirúrgica por problemas ginecológicos graves. Tenía cáncer de cuello de útero.
Quizá mi error fue escuchar a la gente. En algún momento escuché comentarios (radio pasillo, como se dice vulgarmente) que decían: qué estúpida esa abogada: escucha gente que no tiene que ser escuchada.
La mayor parte de la gente que acudió en ese momento al estudio fue gente que manejaba los “remises truchos”, historia que se relató en presentaciones anteriores y que tuvo repercusiones a nivel periodístico (diario Página 12 del 16 de marzo de 2005, entrevistas radiales en programas como el de Santo Biasatti, y otros). A toda esa gente, que no pagaba la “coima” que le pedía gente de Tránsito del Municipio y Policía, les armaban causas, les retenían sus vehículos y eran intensamente perseguidos.
Uno de las primeras personas en venir por estos motivos al estudio fue CARLOS DANTE MOLINA, quien manifestaba que era intensamente perseguido en Merlo, ya que si bien había militado alguna vez en política para el oficialismo, se encontraba en ese momento militando en otro partido, y decía que por ello no lo dejaban trabajar, pidiéndome que le iniciara un trámite de Hábeas Corpus ya que estaba muy atemorizado, y así se mostraba, de que terminara preso por alguna causa que le inventaran.
Este señor Molina ya había realizado denuncias acerca del acoso que supuestamente sufría por intentar trabajar en Merlo. Las denuncias eran contra personal de Tránsito del Municipio.
Ante la consulta, me dirigí a la Fiscalía de Morón a fin de solicitar la nómina de causas que tuviera iniciadas este señor, tanto como denunciante como denunciado. Ante el listado de causas en su contra, desde averiguación de ilícito hasta amenazas a su propia hermana, lesiones, etc., cuando vino nuevamente al estudio, le dije que no podría iniciar un trámite de Hábeas Corpus con esos antecedentes, pero que si se sentía acosado de esa manera, debía realizar, como lo había hecho hasta ese momento, las denuncias correspondientes.
De allí en adelante, no lo vi más hasta que me avisa su hermana (pasados aproximadamente diez días desde su detención) que Molina se encontraba detenido en la Comisaría de Merlo Primera por una causa contravencional, ya que le habían secuestrado una “yuga” (elemento utilizado para robar automotores) y debía purgar una condena de quince días de prisión. Como ya hacía diez días aproximadamente que se encontraba detenido, le manifesté a la familia que no valía la pena solicitar excarcelación o cualquier otro trámite, ya que cualquier cosa que hiciéramos demoraría los cinco días o mas de lo que le restaba de condena, y ante la desesperación de la familia, quienes expresaban el temor de que le hicieran algo en Comisaría, fui a verlo allí TODOS LOS DÍAS HASTA SU LIBERTAD. Luego de ello, acudió al estudio en compañía del señor Raúl Armendáriz y otra gente, para realizar por escrito la denuncia de lo acontecido, ya que, según sus dichos, ese elemento (“yuga”) le había sido “puesto” por personal policial que le perseguía.
Luego de ello, no lo vi durante un tiempo, hasta que me llama por teléfono un día el señor Armendáriz, diciendo: malas noticias, “el Chino” (por Molina) está preso y no sabemos dónde. Averiguando por teléfono, di con él detenido en la Comisaría de Merlo Primera nuevamente. Llegué allí y el jefe de calle me anticipa que estaba demorado por “averiguación de ilícito”, ya que conducía un vehículo, y al serle requerida la documentación, el señor Molina habría sacado “dos cédulas verdes, una por el chasis y otra por el motor”, y que debían esperar a saber qué criterio adoptaría la Fiscalía interviniente. Pude verlo y charlar con él mientras estaba demorado.
Molina salió a la tarde de ese día, y no volví a verlo hasta que se presentó en mi estudio acompañando al propietario del vehículo que él conducía, un señor de apellido GIL, pidiéndome asesoramiento para saber cómo podía retirar el auto, ya que se encontraba secuestrado. Atendí a esta persona, la asesoré, y Molina permaneció en la sala de espera.
Todo lo relatado fue aproximadamente en el mes de octubre de 2004. También para esa fecha, fui citada por el Dr. Carlos Scarabel (asesor jurídico-penal de la Municipalidad) para hablar acerca de una nota que yo había presentado al Intendente a fin de que tuviera conocimiento de los hechos que estaban ocurriendo. Me citó Scarabel a las 17 horas, cuando en el Municipio no queda nadie a esa hora, abriéndome especialmente personal de seguridad la puerta de ingreso. Ya en el Hall, “casualmente” me cruzo con el señor “CARLOS DANTE MOLINA” (supuesto “perseguido”), quien se encontraba dentro del Municipio.
Jamás volví a ver a Molina antes de que me hiciera la falsa denuncia. Después de que me denunciara, lo vi en una oportunidad en que debí concurrir a la Comisaría de Merlo Primera a notificarme de una sentencia (con custodia) y “casualmente” Molina salía de la Municipalidad de Merlo (esto fue aproximadamente en el mes de abril de 2005). Supe después que Molina, a partir de la denuncia que me hiciera, trabajaba ahora en el Municipio (no sé en qué cargo, ni si en blanco o en negro).
Cabe consignar que todo esto fue en octubre de 2004 (...) habiendo tenido que afrontar las “consecuencias lógicas de trabajar en Merlo” (falsas denuncias, allanamiento, amenazas telefónicas tales como: “no podemos tocarte a vos, te vamos a hacer a tus hijos”, llantos de niños en el teléfono, los vamos a matar, paren con Merlo porque son boleta, etc.) con una herida abdominal abierta, fajada y con apósito quirúrgico ya que la herida drenaba.
Durante el mes de enero de 2005, debimos irnos de nuestra casa y mandar a todos nuestros hijos lejos, ya que no aguantábamos más la presión, las amenazas, los intentos de ingreso a nuestra casa y al estudio, sonando la alarma casi todas las noches. Además, no podíamos confiar en que no intentarían detenernos. El Fiscal, Dr. Aldo Acosta Argañaraz era conocido por ser íntimo amigo del Intendente de Merlo y se decía que su designación había sido producto de esa amistad. Todos los abogados amigos o conocidos se encontraban de vacaciones por la feria judicial, y nos sentíamos sumamente inseguros. Temíamos por la integridad de nuestros hijos, yo no podía movilizarme todavía, y mi marido no podía irse a trabajar doce horas y dejar a toda la familia a la buena de Dios.
No podíamos entender del todo qué era lo que pasaba, ya que al no tener idea de política, yo ignoraba todo lo que se movía a su alrededor.
Otra de las personas que vino al estudio, no con mucha esperanza, ya que nadie quería tomar su caso, fue el Concejal Fernando “Toti” Aguirre. Aguirre refería haber sido siempre muy perseguido en el Municipio, ya que, si bien en su primer mandato había ingresado al Honorable Concejo Deliberante de Merlo por el oficialismo, fue expulsado del bloque al poco tiempo por negarse a votar a expediente cerrado la privatización de la recolección de residuos en el Partido, debido a la corrupción existente alrededor del tema.
En este mandato, Aguirre había ingresado al Concejo Deliberante por la Alianza Federalista por Buenos Aires. Refería el Concejal que, desde un principio, lo habían amenazado con que no dejarían que estuviera mucho tiempo en su cargo. Había, según sus dichos, recibido amenazas de todo tipo. En los días anteriores a la entrevista, se había formado una Comisión Investigadora (bastante irregular) a fin de indagar acerca de ciertas “irregularidades” en su accionar, “indignas” de un Concejal. Una de estas “irregularidades” fue denunciada por una ciudadana paraguaya, quien, mediante carta simple, denunciaba ante el Concejo Deliberante que Aguirre “propiciaba la rebelión fiscal” (sic). Inició Aguirre querella penal por calumnias e injurias contra esta señora, causa que se encuentra elevada a juicio oral. Otra de las supuestas irregularidades era la falsificación de firma (la del Concejal), de lo que nunca pudimos lograr que se comprendiera que en todo caso el Concejal era la víctima del delito y no el que lo había cometido, ya que era su propia firma la que habían adulterado. Otra supuesta irregularidad era que uno de sus colaboradores ad honorem había mandado imprimir tarjetas personales con un cargo inexistente. Y la última supuesta irregularidad, era la participación de su mujer en una asociación civil sin fines de lucro.
El Concejal Aguirre me consulta a fin de que dé un enfoque jurídico del tema y le prepare por escrito la defensa que debía presentar ante la Comisión Investigadora. Decido tomar el tema, ya que me interesaba desde el punto de vista profesional, debido a que los conflictos que se suscitan en cuanto a la suspensión de tanto de Concejales como de Intendentes Municipales en la Provincia se resuelven mediante expediente de conflicto constitucional, demanda originaria de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, por lo que son temas reservados a letrados de prestigio. Llegar a hacer una demanda de este tipo, es profesionalmente un orgullo.
A la presentación de la defensa de Aguirre con mi firma como profesional, las cosas se pusieron mas tensas en Merlo, ya que incluso la Presidente del Concejo Deliberante manifestó al leerla, según comentarios de otros concejales, que “esta abogada esta haciendo política hace tiempo y se está candidateando a intendente” (un absoluto delirio).
Al poco tiempo, Aguirre fue suspendido en su cargo por noventa días, por lo que, al venir en consulta al estudio le manifesté que por lo que yo sabía del tema, la Corte nunca había acogido un reclamo de conflicto constitucional ante una “suspensión”, ya que era una medida de carácter provisorio, y que teníamos dos opciones: una era esperar los noventa días para ver si se resolvía la destitución y allí plantear el conflicto en la Corte, y la otra, iniciarlo, ya que no perdíamos nada con intentarlo, lo que así resolvió Aguirre.
Se inicia así el expediente “Aguirre, Fernando José c/ Honorable Concejo Deliberante de Merlo s/ Conflicto artículo 196 Constitución de la Provincia”, en el que con fecha 9 de marzo de 2005, se hizo ha lugar parcialmente a lo reclamado, ordenando levantar la suspensión del Concejal.
Ante esto, el Honorable Concejo Deliberante resolvió convocar a sesión extraordinaria para el 10 de marzo de 2005, para proceder a la destitución del Concejal Aguirre. El 10 de marzo a primera hora retiré copias de la sentencia y remití por fax la totalidad del fallo y también se presentó por mesa de entradas del Concejo antes de la sesión. A pesar de haber tomado conocimiento de los términos de la misma, se resolvió la destitución, alegando no haber recibido notificación oficial de la Corte, la que llegó aproximadamente 5 días después.
Por ello se inició el conflicto propiamente dicho ante la Corte. A la fecha, antes de la feria judicial de julio de 2005, la Procuración de la Suprema Corte de la Provincia emitió su dictamen favorable a la reposición en el cargo del Concejal Aguirre, estando pendiente aún el fallo de la Corte, pero siendo previsible su resultado.
Parece que en Merlo se confunde totalmente la actuación profesional con la política, ya que un colega que trabaja en el Municipio, ante mi relato de las cosas que me ocurrían me dijo: “también vos... meterte a defender al Toti...” Así comencé a conocer cosas que no sabía, como que Raúl Othacehé tiene una enemistad personal con Aguirre, a quien considera su acérrimo opositor; que todo lo que me viene sucediendo tiene mucho que ver con haber patrocinado a Aguirre. (...) A partir del dictamen de la Procuración, comenzaron nuevamente las llamadas telefónicas, tuvimos una “visita” a mi estudio donde creemos que la intención era lastimarme o secuestrarme; y también nos “visitaron” en horario nocturno, tres personas que violentaron la persiana de mi estudio y huyeron ante los gritos de mi marido y la alarma sonando. Todos estos hechos fueron debidamente denunciados, siendo visitados en estos días por personal policial de Merlo, quienes pidieron los datos de la custodia, y un relato pormenorizado de lo acontecido. Al parecer las cosas se salieron de cauce y hasta el Comisario de Padua opina que nuestra custodia debe ser de 24 horas.
Desde el día 12 de julio de 2005 mi marido no puede ir a trabajar ya que teme por mi integridad física y la de los chicos. Esto nos está afectando tanto anímica como económicamente.
Como nadie quería tomar nuestro caso porque saben que es enfrentarse con el poder político, nuestro defensor es el Doctor Norberto Hermida, reconocido jurista especialista en derecho penal, quien luego de tomar el caso, sufrió un “casual y conveniente” asalto a su estudio jurídico, del que le robaron los dos CPU y la carpeta con copias de nuestra causa, demorando enormemente su tarea profesional ya que con sus CPUs se fueron años de trabajo.
Nuestra defensa es muy cara ($30.000), ya que el Dr. Hermida cubrió los posibles inconvenientes con los que se toparía por tomar la causa. Estamos endeudados con parientes y amigos, y todavía le debemos dinero a nuestro defensor.
Realmente nuestra vida cambió radicalmente. Nadie puede trabajar tranquilo en estas circunstancias. La enemistad que se ha generado con todo esto en la Fiscalía de Morón la siento cada vez que voy a ver alguna causa en la que participo como defensora.
Hace poco tiempo tomé una causa con un detenido que tramita por ante la UFI N° 6 del Dr. Acosta Argañaraz. ¿Cómo puedo garantizar a mis clientes que tendrán un juicio justo, si hasta su abogada defensora ha solicitado el cambio de jurisdicción? ¿Cómo puedo yo presentarme a asistir en sus declaraciones a un imputado, cuando las preguntas las realiza este señor?
Es entonces que creemos que se han violentado todas y cada una de nuestras garantías constitucionales, y a la fecha, se encuentra restringida nuestra libertad ambulatoria y nuestro derecho al trabajo.
(...) Luego de tantos meses de padecer todo esto, recién ahora me resultan claras algunas cosas. Aguirre me dijo una vez que la metodología de la gente de Merlo llevaba una especie de sello, y que si comparaba mi caso con otros acontecidos en el Partido me daría cuenta de que todos siguen un mismo patrón, el de “comprar” colaboradores, el de “empapelar” y “ensuciar”, el de “amenazar amedrentando y enloqueciendo con acosos y persecuciones constantes”, el de “premiar” a la gente que se presta a realizar falsas denuncias con puestos políticos o dinero.
Dos años antes de todo esto, entró a trabajar a mi estudio una estudiante de derecho de nombre PAOLA VIRGINIA TOLOZA. Esta chica provenía de una familia humilde, que con todo sacrificio le pagaba sus estudios universitarios. Aparte de su sueldo, comencé a pagarle todos sus gastos de estudio (viajes, fotocopias, libros, etc.). la relación laboral generó una confianza en ella muy importante; salía muchas veces con mi hija mayor, almorzaba o cenaba en mi casa. Paola comentaba que colaboraba con una biblioteca popular en Merlo, pero nunca comentó que estaba militando en política. El hecho es que el día 26 de noviembre de 2005, cuando me trajeron a mi casa con mi herida abierta, Paola me esperaba para comunicarme que se tomaría una semana por tener que rendir exámenes. Yo llegué a suplicarle que no me dejara en ese delicado momento, ya que debía guardar reposo absoluto y no podía atender el estudio. Se negó rotundamente. Cuando retomé la actividad, descubrí que del estudio se había llevado denuncias, dinero, etc. Nunca más apareció Paola por el estudio, debiendo llamar a su madre a fin de que me devolviera algunos papeles que habían quedado en su poder y que eran importantes. Aproximadamente en el mes de marzo de 2005 encontrándome en el Edificio de Tribunales de Morón con una cliente del estudio que esperaba para que le entregaran un giro de un sucesorio, veo a Paola en la mesa de entradas. Intentó hablarme, pero como no valía la pena, seguí en mi trabajo sin siquiera levantar la vista. A los pocos días me entero que ella había realizado una denuncia en mi contra manifestando que le había pateado un tobillo y le había mojado un escrito que debía presentar con unas gotas de agua. Obviamente esta chica no debe haber visto que me encontraba con una cliente, ya que de otra manera no se explica que haga una denuncia falsa cuando se encuentra de testigo esa señora, y toda la gente de la mesa de entradas del juzgado, incluso el personal de seguridad. De la lectura de la denuncia tomo conocimiento de que Paola se encuentra trabajando “casualmente” en la Secretaría Legal y Técnica de la Municipalidad de Merlo. (Esa denuncia tramita por ante la UFI N° 4 de Morón, IPP N° 264.454). Luego de estos hechos, una mañana en Tribunales de Morón una empleada del Colegio de Abogados que tiene a su cargo la entrega de formularios de Ius Previsional de los letrados, los que se utilizan para realizar aportes a fin de presentarse en los expedientes, me informa que el día anterior mi ex secretaria Paola solicitó la entrega de varias de esas planillas a mi nombre, sin mi autorización, obviamente. Esto me obligó a realizar denuncia penal, la que se encuentra en la UFI N° 4 de Morón. Esto me obliga a recorrer juzgados a fin de averiguar si alguien se ha presentado en algún expediente utilizando mi nombre.
Me parecía importante contar cómo se desarrollaron los hechos en detalle a fin de que se tome real dimensión de lo que decimos cuando expresamos que de continuar de esta forma no nos queda otra vía que el exilio. Es que no encontramos respuestas concretas a nuestros reclamos, ya que en definitiva creemos que esto se soluciona con una decisión política a un nivel superior.
En cuanto al informe que les remitiera oportunamente Cancillería, el mismo me parece tendencioso, y como dije, con omisiones deliberadas. Es que no creemos más en las casualidades, ya que en Merlo todas son “casualidades”.
Esperando una respuesta de uds. a la brevedad, les saludamos atentamente.
Dra. Rosana Beatriz Mattarollo
DNI: 17.467.243
DNI: 17.467.243
Alberto Pedro Saboulard
DNI: 12.082.311
DNI: 12.082.311
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